El proyecto enviado al Congreso de la Unión en febrero pasado y que será discutido a partir del 1 de septiembre, una vez que se instale la LXVI legislatura del Congreso de la Unión, contempla cambios a 16 artículos de la Constitución y plantea un nuevo diseño para el sistema judicial del país en su conjunto.
Para el que esto escribe resulta necesario que la población esté enterada de los temas totales de la reforma judicial y amplíe su criterio.
» 1. Reducción de la Corte
Se plantea bajar de 11 a nueve el número de ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). La duración de su encargo será de 12 años, tres años menos que la fórmula actual. En tanto, se eliminan las dos salas en las que está dividida actualmente para dejar su operación sólo en sesiones plenarias, las cuales serán públicas; con esto se elimina la posibilidad actual de realizar sesiones secretas. En tanto, se propone que para aprobar sentencias sean necesarios seis votos.
En materia de salarios, se establece específicamente que las remuneraciones de los ministros y ministras de la Corte y los diferentes jueces no podrá ser mayor a lo percibido por la persona que ocupe la Presidencia de la República. Además, se elimina la posibilidad de que obtengan una pensión vitalicia tras concluir su encargo.
» 2. Ministros y jueces, a las urnas
Una de las propuestas más polémicas es cambiar el mecanismo de elección de los representantes del Poder Judicial, para que éstos, principalmente ministros, magistrados y jueces de distrito, sean elegidos por la ciudadanía.
Para ellos, estas elecciones se realizarían cada tres años, de manera concurrente con las elecciones federales ya sea para elección presidencial o de renovación de la Cámara de Diputados. Las y los candidatos a dichos cargos serán propuestos en partes iguales por la Presidencia de la República, el Congreso de la Unión y el Poder Judicial.
De aprobarse la reforma en septiembre, la primera elección se realizaría en el año 2025 y los actuales ministros, magistrados y jueces permanecerían en su encargo hasta el momento en que asuman sus sucesores.
En el caso del primer ejercicio bajo esta figura, se contempla un periodo escalonado de duración del encargo de los ministros electos para los años 2033, 2036 y 2039, de manera que en cada elección posterior a esas fechas se renueven sólo tres posiciones.
» 3. Dos órganos regulatorios
El proyecto contempla la transformación del actual Consejo de la Judicatura Federal para dar paso a dos nuevos órganos, uno para administrar el sistema en su conjunto, incluyendo la Escuela de Formación Judicial y el Instituto Federal de la Defensoría Pública, y un Tribunal de Disciplina Judicial. Ambos supervisarían también a la SCJN.
En tanto, se abre la posibilidad de que cualquier persona o autoridad pueda presentar denuncias contra los ministros, los magistrados, los jueces y el personal del Poder Judicial en su totalidad.
» 4. Plazos para resolver conflictos
Se propone regular los tiempos en los que el sistema judicial resuelve los casos presentados. Para ello, se establece que las controversias deben ser resueltas en un periodo máximo de seis meses. En caso de que no se logre una sentencia en dicho plazo, el Tribunal de Disciplina tendrá que investigar el por qué de la demora y ordenar algún procedimiento o sanción.
En tanto, se establece que en el caso de que en un proceso penal la persona imputada no sea juzgada antes de cuatro meses, para penas menores a dos años de prisión, o de un año para mayores, tal como está establecido actualmente en la Carta Magna, también se podrá reportar esta situación ante el Tribunal de Disciplina.
“La presente reforma propone vincular a las autoridades responsables de impartir justicia a emitir sus resoluciones de manera fundada y motivada en un periodo de tiempo razonable, satisfaciendo los principios inherentes al derecho de acceso a una justicia pronta y expedita”, expresa López Obrador en el documento.
» 5. Sistema replicado en todo el país
La iniciativa oficial también establece que las entidades federativas tendrán que reformar su legislación local para “garantizar la independencia de los magistrados y jueces en el ejercicio de sus funciones, así como su elección por voto directo y secreto de la ciudadanía”, además de la creación de órganos independientes para su administración y disciplina. (Síntesis tomada del diario el Economista)
En general estas reformas son necesarias y urgentes salvo la de elección de juzgadores en la cual se debe priorizar a aquellos que ya tienen una carrera judicial, pero que de no tener un padrino difícilmente los podrán ser propuestos.
En fin, la iniciativa es perfectible y esperemos que los legisladores escuchen a todos las voces y acepten sugerencias y evitar injusticias pero sobre todo que se cuelen ignorantes del sistema judicial que con solo un título (suponiendo que no fuera pirata ) y con la venia de los políticos que venderán su propuesta en dinero o favores futuros podrían obtener el cargo.
Por supuesto que habrá otros colados por otras razones que no son las del conocimiento jurídico. En fin estoy de acuerdo con casi todo y esperemos la votación . Ah pero no creo que ahí se queden las cosas .
Por supuesto que vendrán amparos de quienes se vean vulnerados en sus derecho laborales. El Poder Judicial de la Federación aún no ha dicho la última palabra.
