A lo largo de la historia de la humanidad las migraciones han sido un factor constante que se ha presentado por diversas circunstancias, desde guerras civiles y crisis económicas hasta por catástrofes naturales. En la actualidad, el fenómeno migratorio se encuentra presente en prácticamente todos los países, manteniendo un impacto mayúsculo, ya que la Organización de las Naciones Unidas ha estimado que en 2018 se desplazaron cerca de 258 millones de personas en todo el orbe.
México no es la excepción, incluso, es una nación que por antonomasia ha sido origen, tránsito, destino y retorno de personas, al estar en una posición geográfica que nos enlaza directamente como el puente hacia los Estados Unidos de América. Esta situación se ha materializado como una gran responsabilidad para el Estado mexicano, que tiene la obligación de respetar, promover, proteger y garantizar los derechos humanos de todas las personas que se encuentren en el territorio nacional.
Ahora bien, en los últimos años se ha puesto en la mesa del debate público nacional la preocupación acerca de cómo manejar, gestionar, cuidar o controlar los flujos migratorios, observándose a partir del segundo semestre del 2019 un cambio radical en la política migratoria del gobierno federal, con mayor rigor en las detenciones y los controles a lo largo y ancho del territorio nacional.
Sin embargo, es de fundamental importancia señalar que toda política pública debe estar guiada e instrumentada con el sello del respeto y plena observancia a lo consagrado en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales de los que México sea parte, velando en todo momento por el respeto a los derechos humanos de todas las personas. Al tiempo de que las autoridades deben definir estrategias claras, pertinentes y progresistas para la atención a los grupos vulnerables, como lo son los migrantes.
Una dura realidad, es que los migrantes están expuestos a vulnerabilidades, encontrando en su trayecto un gran catálogo de situaciones adversas a las que están expuestos; y si bien es cierto que han emprendido un camino de manera ilegal, esto de ninguna forma implica o justifica que no se les otorgue un trato digno, respetuoso a sus derechos fundamentales.
Por tal motivo, el Estado mexicano tiene un enorme reto enfrente que debe asumir con responsabilidad, visión y sensibilidad; pues se han presenciado diversos actos que pudieran constituir violaciones a los derechos humanos de los migrantes, lo cual es inaceptable.
Además, respecto al papel de la Guardia Nacional, es indispensable recordar que desde el Constituyente Permanente avalamos la creación de una institución cuyo objetivo central es dotar de paz y seguridad a los mexicanos, por lo que de ninguna manera se mencionó que miles de elementos se enviarían para detener a los migrantes.
Sin duda alguna, existe una brecha pendiente a la que el Estado mexicano debe de dar las respuestas correctas, donde no se pierda de vista bajo ninguna circunstancia el cumplimiento de nuestra Ley Suprema, para que a los flujos migratorios se les trate con un enfoque humanitario.
*Senador de la República
