Los cambios en la presidencia de los dos países más importantes de Latinoamérica, México y Brasil, marcan un punto de inflexión, un antes y un después. Estos cambios no lo son únicamente por las personas y las ideologías que abrazan, sino por el amplio apoyo electoral que recibieron para ganar en las elecciones.
La paradoja es que mientras en México Andrés Manuel López Obrador, una opción de “izquierda”, ganó con un 53% de los votos y, por lo tanto, con amplio apoyo social, en Brasil el candidato de extrema derecha Jair Bolsonaro ganó en segunda vuelta con un 55% de los votos, también con un amplio apoyo social.
El común denominador de este respaldo es el hartazgo representada en México por el gobierno saliente, y en Brasil, por el gobierno del Partido de los Trabajadores (PT). Cierto es que hay otros elementos importantes, como la violencia criminal que afecta también a todas las clases sociales, lo que amplió los movimientos que concedieron la victoria a los dos presidentes, así como la incidencia de las redes sociales en la configuración de amplias movilizaciones, que rebasó a los partidos políticos tradicionales.
Con todo, fue el elemento común, la corrupción, lo que determinó el fracaso de los gobiernos anteriores. En el caso de Brasil, se trató de un gobierno de izquierda que emprendió políticas sociales vigorosas durante los 14 años (de 2003 a 2016) que estuvo en el poder el PT, hasta la destitución de Dilma Roussef.
En México fue el fracaso de los gobiernos de la alternancia iniciada en 2000, caracterizada por políticas macroeconómicas más conservadoras. Dicho de otro modo, los nuevos presidentes fincaron su éxito sobre el fracaso de los anteriores, aunque esto no es nuevo, sino que sucede en todas las democracias.
Ahora bien, cuando los gobiernos fallan por su corrupción y no por sus políticas económicas, nos encontramos con el peor de los resultados: la ley del péndulo, la oscilación hacia el otro extremo. Porque si bien en una recesión mundial las consecuencias negativas de las políticas macroeconómicas pueden, siendo impopulares, ser defendidas por gobiernos éticos, en modo alguno las amparan gobiernos que se encuentran bajo la sospecha de ser corruptos, ya que en ninguna democracia cabe que aumente la desigualdad y que se perciba como consecuencia de la corrupción.
Las secuelas de la ley del péndulo en política, con mayorías vencedoras, es que los perdedores, en lugar de reconocer y enmendar sus errores (y esto lleva su tiempo de penitencia política), intentan descalificar al adversario ganador con juicios de intenciones sobre su programa político, que en el caso del Brasil se resumiría en la acusación de que el camino emprendido conducirá hacia una renovada derecha, y en México, hacia una creciente izquierda.
Una vez más en este milenio, los dos principales países de Latinoamérica avanzan en direcciones opuestas. No sabremos el alcance de las nuevas políticas mientras no se apliquen, pero puede anticiparse que si no hay cambios institucionales que debiliten la calidad de la democracia y se mantienen los poderes compensadores, la alternancia siempre será posible si las políticas de gobierno fracasan. Por esto, es esencial mantener y elevar en lo posible la calidad de la democracia y defenderla desde posiciones éticas. Y esto sirve para Brasil, España, México y otros tantos países en donde, de un modo u otro, los gobiernos han sido sometidos a escrutinio, acusados de corrupción.
Lo mismo ocurre con otros países donde la información falsa (que es una forma de corrupción y falta de ética) ha contribuido a determinar los resultados electorales.
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