/ lunes 5 de julio de 2021

“México sin distractores”

“¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”. Opciones: Sí, o No.

De manera legal todo está listo para que este domingo 1 de agosto, casualmente el día de la esperanza, el pueblo mexicano salga a pedir juicio para los ex presidentes Carlos Salina de Gortari (1988-1994), Ernesto Zedillo (1994-2000), Vicente Fox (2000-2006), Felipe Calderón (2006-2012) y Enrique Peña Nieto (2012-2018).

Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, durante la presentación de la Política de Verdad y Memoria, anunció que el gobierno federal retiraría los nombres de “represores” en lugares y obras públicas de la República Mexicana y avanzar en la contribución a la reconstrucción de la justicia y “saldar la deuda con este pasado infame en la historia de nuestro país, con el fin de que estos hechos no se vuelvan a repetir”.

Esta acción, señalaba en octubre del 2020, estarían tanto el gobierno de la Ciudad de México, el Archivo General de la Nación y el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. Y poco después el nombre del ex presidente Gustavo Díaz Ordaz empezó a ser retirado de espacios públicos, entre ellos, las placas que estaban en el metro, como parte de un juicio en el que no medio sino el conocimiento de los hechos, siempre reprobables, del 2 de octubre de 1968.

A diferencia de esa acción unidireccional del poder, ésta que incluye a 5 de 6 ex presidentes que viven, no está incluido Luis Echeverría Álvarez que fue el secretario de Gobernación del periodo que involucró “la matanza de Tlatelolco”, se abre en una consulta con 57 mil mesas de votación, 287 mil en la organización, misma consulta en donde no acudirá a votar el Presidente de México, según su dicho.

La justicia siempre será un tema pendiente, no restituye la vida. Pero ayuda a la no repetición.

Quizá para este momento en el que el país está aún en condiciones de riesgo por la pandemia de Covid-19, cuando está disminuyendo en presencia mediática, pero no en los contagios. Cuando hay crisis económica y no todos los sectores de la población están en el beneficio de un trabajo remunerado con condiciones de seguridad social. Cuando hay depresión, miedo, incertidumbre por el porvenir, lo menos que requiere el país es un distractor donde puede estancarse al mirar al pasado que se pretende enjuiciar, sino ayudar al país a mirar el presente como pendiente por resolver y el futuro que no tiene rostro.

Pero el pasado también representa una forma de vida donde hubo progreso, donde se sentaron bases de desarrollo, donde se impulsó el crecimiento social. Y si en el juicio también regresa esa memoria? Surrealismo?

“¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”. Opciones: Sí, o No.

De manera legal todo está listo para que este domingo 1 de agosto, casualmente el día de la esperanza, el pueblo mexicano salga a pedir juicio para los ex presidentes Carlos Salina de Gortari (1988-1994), Ernesto Zedillo (1994-2000), Vicente Fox (2000-2006), Felipe Calderón (2006-2012) y Enrique Peña Nieto (2012-2018).

Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, durante la presentación de la Política de Verdad y Memoria, anunció que el gobierno federal retiraría los nombres de “represores” en lugares y obras públicas de la República Mexicana y avanzar en la contribución a la reconstrucción de la justicia y “saldar la deuda con este pasado infame en la historia de nuestro país, con el fin de que estos hechos no se vuelvan a repetir”.

Esta acción, señalaba en octubre del 2020, estarían tanto el gobierno de la Ciudad de México, el Archivo General de la Nación y el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. Y poco después el nombre del ex presidente Gustavo Díaz Ordaz empezó a ser retirado de espacios públicos, entre ellos, las placas que estaban en el metro, como parte de un juicio en el que no medio sino el conocimiento de los hechos, siempre reprobables, del 2 de octubre de 1968.

A diferencia de esa acción unidireccional del poder, ésta que incluye a 5 de 6 ex presidentes que viven, no está incluido Luis Echeverría Álvarez que fue el secretario de Gobernación del periodo que involucró “la matanza de Tlatelolco”, se abre en una consulta con 57 mil mesas de votación, 287 mil en la organización, misma consulta en donde no acudirá a votar el Presidente de México, según su dicho.

La justicia siempre será un tema pendiente, no restituye la vida. Pero ayuda a la no repetición.

Quizá para este momento en el que el país está aún en condiciones de riesgo por la pandemia de Covid-19, cuando está disminuyendo en presencia mediática, pero no en los contagios. Cuando hay crisis económica y no todos los sectores de la población están en el beneficio de un trabajo remunerado con condiciones de seguridad social. Cuando hay depresión, miedo, incertidumbre por el porvenir, lo menos que requiere el país es un distractor donde puede estancarse al mirar al pasado que se pretende enjuiciar, sino ayudar al país a mirar el presente como pendiente por resolver y el futuro que no tiene rostro.

Pero el pasado también representa una forma de vida donde hubo progreso, donde se sentaron bases de desarrollo, donde se impulsó el crecimiento social. Y si en el juicio también regresa esa memoria? Surrealismo?