/ lunes 25 de octubre de 2021

Matrimonio infantil forzado

En pleno siglo XXI, millones de menores de edad en todo el orbe se enfrentan a graves y deplorables problemas, como lo es el matrimonio infantil forzado , el cual, implica toda unión de una niña menor de 18 años y un adulto.

Se trata de un malestar que se presenta como práctica generalizada, pues aproximadamente 1 de cada 5 niñas en el mundo sufre esta violación a sus derechos humanos, además de que Unicef ha estimado que más de 120 millones de niñas se habrán casado en 2030 antes de cumplir los 18 años.

Esta numeraria de gran preocupación se hila con el hecho de que el matrimonio infantil despoja a las niñas de su infancia, poniendo su vida y su salud en peligro, pues corren mayor riesgo de sufrir violencia doméstica y tienen una menor probabilidad de seguir asistiendo a la escuela. De tal manera que su futuro y desarrollo dentro de la sociedad cambia radicalmente con esta situación yl as somete a limitaciones, que también suele aislarlas de su familia y amistades.

Aunado a lo anterior, el matrimonio infantil afecta principalmente a las poblaciones con mayor carencias, al ser fruto de una combinación de pobreza, desigualdad de género y falta de protección de los derechos de los niños y las niñas. Toda vez que se manifiesta en este campo con gran incidencia los embarazos precoces que tienen un mayor riesgo tanto para la madre como para el bebé. Es el caso, que en este tipo de embarazos, el riesgo de que el bebé muera en su primer año de vida es de un 60% más que el de un bebé nacido de una madre mayor de 19 años, incluso si el niño sobrevive, tiene más probabilidades de sufrir desnutrición, bajo peso o problemas de desarrollo físico y cognitivo.

Es importante precisar que esta situación adversa se manifiesta perniciosamente en nuestro país. Sobre este particular, se estima que el 68% de las mujeres indígenas en México se encuentran algunas veces al matrimonio infantil forzado.

Y si bien es cierto que en México, durante al año 2019 se prohibió por ley el matrimonio infantil, arrojando una reducción considerable; también lo es que dicha práctica violatoria a los derechos ha continuado, primordialmente en algunas regiones del país que tienen mayores carencias sociales.

Por ello, en aras de continuar con la obligación del Estado para garantizar el interés superior de la niñez , resulta de vital importancia que, las autoridades de todos los órdenes de gobierno fortalezcan sus esfuerzos encaminados a frenar las prácticas del matrimonio infantil, pues algunas personas escudándose en los usos y costumbres regionales abogan en favor de esta situación.

Lo cierto es, que en el marco jurídico vigente es inaceptable este tipo de conductas , pues debe cuidarse en todo momento los sueños de las niñas de nuestro país, quienes deben contar con todas las oportunidades para tomar las riendas de su futuro.

Sin duda alguna, el matrimonio infantil representa uno de los retos sociales más grandes y de mayor complejidad por abatir, pero ello no significa que deban cesar los esfuerzos por erradicar estas prácticas y garantizar los derechos de los menores de edad de nuestro país.

En pleno siglo XXI, millones de menores de edad en todo el orbe se enfrentan a graves y deplorables problemas, como lo es el matrimonio infantil forzado , el cual, implica toda unión de una niña menor de 18 años y un adulto.

Se trata de un malestar que se presenta como práctica generalizada, pues aproximadamente 1 de cada 5 niñas en el mundo sufre esta violación a sus derechos humanos, además de que Unicef ha estimado que más de 120 millones de niñas se habrán casado en 2030 antes de cumplir los 18 años.

Esta numeraria de gran preocupación se hila con el hecho de que el matrimonio infantil despoja a las niñas de su infancia, poniendo su vida y su salud en peligro, pues corren mayor riesgo de sufrir violencia doméstica y tienen una menor probabilidad de seguir asistiendo a la escuela. De tal manera que su futuro y desarrollo dentro de la sociedad cambia radicalmente con esta situación yl as somete a limitaciones, que también suele aislarlas de su familia y amistades.

Aunado a lo anterior, el matrimonio infantil afecta principalmente a las poblaciones con mayor carencias, al ser fruto de una combinación de pobreza, desigualdad de género y falta de protección de los derechos de los niños y las niñas. Toda vez que se manifiesta en este campo con gran incidencia los embarazos precoces que tienen un mayor riesgo tanto para la madre como para el bebé. Es el caso, que en este tipo de embarazos, el riesgo de que el bebé muera en su primer año de vida es de un 60% más que el de un bebé nacido de una madre mayor de 19 años, incluso si el niño sobrevive, tiene más probabilidades de sufrir desnutrición, bajo peso o problemas de desarrollo físico y cognitivo.

Es importante precisar que esta situación adversa se manifiesta perniciosamente en nuestro país. Sobre este particular, se estima que el 68% de las mujeres indígenas en México se encuentran algunas veces al matrimonio infantil forzado.

Y si bien es cierto que en México, durante al año 2019 se prohibió por ley el matrimonio infantil, arrojando una reducción considerable; también lo es que dicha práctica violatoria a los derechos ha continuado, primordialmente en algunas regiones del país que tienen mayores carencias sociales.

Por ello, en aras de continuar con la obligación del Estado para garantizar el interés superior de la niñez , resulta de vital importancia que, las autoridades de todos los órdenes de gobierno fortalezcan sus esfuerzos encaminados a frenar las prácticas del matrimonio infantil, pues algunas personas escudándose en los usos y costumbres regionales abogan en favor de esta situación.

Lo cierto es, que en el marco jurídico vigente es inaceptable este tipo de conductas , pues debe cuidarse en todo momento los sueños de las niñas de nuestro país, quienes deben contar con todas las oportunidades para tomar las riendas de su futuro.

Sin duda alguna, el matrimonio infantil representa uno de los retos sociales más grandes y de mayor complejidad por abatir, pero ello no significa que deban cesar los esfuerzos por erradicar estas prácticas y garantizar los derechos de los menores de edad de nuestro país.