/ lunes 20 de julio de 2020

Los nulos resultados cobran factura a la alcaldesa

Resulta preocupante este conflicto entre la alcaldesa Adela Román Ocampo y los trabajadores agremiados al Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Guerrero (SUSPEG), cuyo fondo tiene que ver con el lastre que arrastra el ayuntamiento a partir del saqueo que sufrió durante la administración de Evodio Velázquez Aguirre.

Así es, hay que tener memoria y regresar al 28 de agosto de 2019, cuando la primera edil Román Ocampo, acusó a su antecesor de dejar un adeudo de 200 millones de pesos al ISSSPEG, que originó que se incrementará el saldo histórico y limitará a su administración atender la demanda de pago que hacían los trabajadores agremiados al SUSPEG.

A partir de ese entonces, el ayuntamiento ha estado bajo la lupa de los secretarios generales de las cinco secciones con las que tiene contratos laborales, pues su reclamo ha ido en dirección que se cubra el adeudo histórico, pero ante el tamaño del monto del pasivo, solo se ha pagado la parte que le corresponde a la presente administración.

Aunque, creo que, la estrategia de dar resultados en la aplicación del imperio de la ley a quienes son señalados del quebranto del patrimonio del municipio, ha sido el gran pendiente de la administración morenista, porque llama la atención que el principal acusado ya anda prácticamente en campaña en busca de la candidatura a gobernador de Guerrero.

Ese golpe de timón que todos esperaban, ha quedado en un compromiso incumplido, lo que derivo en el malestar de la población, a pesar de que, sorprendió con la solicitud de renuncia de todo el cuerpo operativo de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco (CAPAMA), incluido el del titular Leonel Galindo y de Guadalupe Rivas, directora de Ecología municipal.

Quizá algunos piensen que, la alcaldesa finalmente envió una señal de que tiene los suficientes arrestos y que no le tiembla la mano para llegar hasta quienes fomentaron la corrupción en el ayuntamiento, a pesar de que pareciera que no pasa nada y que, será una administración más que deja solo en buenos deseos de perseguir a quienes generaron la contaminación administrativa municipal.

Por lo pronto, ese quebranto financiero, que se ha agudizado por la crisis sanitaria del Covid-19, fue causa del distanciamiento con los empleados del ayuntamiento, que se preparan para otro capítulo más de lucha para insistir que se les cubra la prima dominical y no se les grave con el ISR.

Resulta preocupante este conflicto entre la alcaldesa Adela Román Ocampo y los trabajadores agremiados al Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Guerrero (SUSPEG), cuyo fondo tiene que ver con el lastre que arrastra el ayuntamiento a partir del saqueo que sufrió durante la administración de Evodio Velázquez Aguirre.

Así es, hay que tener memoria y regresar al 28 de agosto de 2019, cuando la primera edil Román Ocampo, acusó a su antecesor de dejar un adeudo de 200 millones de pesos al ISSSPEG, que originó que se incrementará el saldo histórico y limitará a su administración atender la demanda de pago que hacían los trabajadores agremiados al SUSPEG.

A partir de ese entonces, el ayuntamiento ha estado bajo la lupa de los secretarios generales de las cinco secciones con las que tiene contratos laborales, pues su reclamo ha ido en dirección que se cubra el adeudo histórico, pero ante el tamaño del monto del pasivo, solo se ha pagado la parte que le corresponde a la presente administración.

Aunque, creo que, la estrategia de dar resultados en la aplicación del imperio de la ley a quienes son señalados del quebranto del patrimonio del municipio, ha sido el gran pendiente de la administración morenista, porque llama la atención que el principal acusado ya anda prácticamente en campaña en busca de la candidatura a gobernador de Guerrero.

Ese golpe de timón que todos esperaban, ha quedado en un compromiso incumplido, lo que derivo en el malestar de la población, a pesar de que, sorprendió con la solicitud de renuncia de todo el cuerpo operativo de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco (CAPAMA), incluido el del titular Leonel Galindo y de Guadalupe Rivas, directora de Ecología municipal.

Quizá algunos piensen que, la alcaldesa finalmente envió una señal de que tiene los suficientes arrestos y que no le tiembla la mano para llegar hasta quienes fomentaron la corrupción en el ayuntamiento, a pesar de que pareciera que no pasa nada y que, será una administración más que deja solo en buenos deseos de perseguir a quienes generaron la contaminación administrativa municipal.

Por lo pronto, ese quebranto financiero, que se ha agudizado por la crisis sanitaria del Covid-19, fue causa del distanciamiento con los empleados del ayuntamiento, que se preparan para otro capítulo más de lucha para insistir que se les cubra la prima dominical y no se les grave con el ISR.