El reclamo que le hacen a la alcaldesa Adela Roman Ocampo para que explique los 603 millones de pesos que aportaron los trabajadores del Ayuntamiento y los señalamientos de supuestos actos de corrupción en su administración, serán parte de los pendientes que deberá afrontar al dejar el gobierno.
Así es querido lector, porque al margen de lo que arrojen las auditorías que se les deberá aplicar a su trienio, Román Ocampo tiene que responder por el destino de las cuotas de los trabajadores del Ayuntamiento que no fueron cubiertas al Instituto de Seguridad Social de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero (ISSSPEG).
El titular del organismo público descentralizado, Jesús Urióstegui Alarcón, por lo pronto trascendió que tomó la iniciativa de iniciar un procedimiento jurídico en contra de la presidenta municipal, Román Ocampo.
El funcionario acudió el 17 agosto a la Fiscalía General del Estado, en donde se abrió la carpeta de investigación número 120222200100027191120, para que la presidenta municipal responda por el desvío de las cuotas que aportaron los empleados de sus pagos de salarios quincenales por un monto de 302 millones 427 mil 774 pesos.
A este monto hay que sumar 285 millones 37 mil 61 pesos que debe la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco (CAPAMA) y 16 millones 256 mil 252 pesos del DIF-Municipal que estuvo a cargo de su sobrina Adriana Román Ocampo.
Según se supo, los cargos que le imputan a la presidenta municipal, Adela Román, son por ejercicio ilícito del servicio público, desempeño irregular de la función pública, peculado y lo que resulte, cometido en agravio del ISSSPEG en el periodo 2018 al 2021.
Con esto el titular del ISSSPEG, Jesús Urióstegui, no solo cumple con su papel de hacer la cobranza, sino también realiza un procedimiento que tiene que hacer o caso contrario la responsabilidad recaería en su contra, por no actuar que se afecte las pensiones y prestaciones de más de cinco mil trabajadores jubilados.
No hay que olvidar que debido a que el ISSSPEG enfrenta este faltante, han tenido problemas para cubrir en tiempo y forma, el pago de pensiones, el del seguro por jubilación, vejez, invalidez, riesgos de trabajo o por fallecimiento, pago de marcha o el estimulo a la permanencia y al otorgamiento de créditos personales.
Se trata, pues, de solventar este pasivo y que la primera edil responda por el dinero que es de los trabajadores y de todos los que están en activo que cotizan por nómina al ISSSPEG, pero también tendrá que dar un informe del manejo que hizo al presupuesto que se le destinó a su administración, porque pareciera que no hubo para la ejecución de obras y dejará el puente que construye en Constituyentes, inconcluso.
Ahora solo resta esperar que se cumpla con la ley, que no se permita que este caso quede impune, como ha ocurrido con tantos otros personajes, que se enriquecieron al amparo del poder.
¿O usted que opina querido lector?
