/ martes 14 de mayo de 2019

Leyes secundarias para la Guardia Nacional

En una muestra de pluralidad política, el Senado de la República aprobó por histórica unanimidad la reforma constitucional en materia de Guardia Nacional, decreto que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de marzo del presente año. Hablamos de un cuerpo policial de carácter civil, cuyos fines son salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, así como contribuir a la generación y preservación del orden público y la paz social.

Es importante señalar que durante la concreción de esta modificación, se atendió un proceso propositivo, visionario y consensuado, pues se tomó en cuenta la opinión de los agentes involucrados, como los gobernadores de las entidades federativas, integrantes de instituciones de seguridad pública, organizaciones y sociedad civil.

Así, el Constituyente Permanente aprobó otorgar al pueblo mexicano una Guardia Nacional con mando civil, que regirá su actuación en una serie de principios que buscan promover, respetar y garantizar los derechos humanos.

Ahora bien, uno de los artículos transitorios del decreto de reforma constitucional determinó que el Congreso de la Unión, dentro de los plazos establecidos, debe expedir la Ley de la Guardia Nacional y hacer las adecuaciones legales conducentes; así como las leyes nacionales que reglamenten el uso de la fuerza y del registro de detenciones.

Bajo este orden de ideas, el 6 de mayo la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión aprobó la convocatoria a ambas Cámaras Federales para abrir periodos extraordinarios de sesiones, tanto para dar cauce a los cambios constitucionales en materia de reforma educativa, como para abordar las reformas y expedición de las leyes secundarias de la Guardia Nacional, entre las que se encuentran: reformas de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública; la Ley de la Guardia Nacional; la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza; y la Ley Nacional del Registro de Detenciones.

De esta forma, el Senado de la República esta semana se dedicará a discutir el paquete de modificaciones legislativas que defina con toda precisión las bases fundamentales de la Guardia Nacional y su marco de actuación, donde desde el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional ejerceremos un papel activo y propositivo que mantenga el espíritu de la reforma constitucional para lograr integrar un eficiente cambio al andamiaje jurídico, que pueda aportar y colaborar en la disminución de los índices delictivos en diversas regiones del país.

Asimismo, es imprescindible plasmar con toda claridad que la Federación sea quien deba absorber el costo de operación de la Guardia Nacional, para que su presupuesto no recaiga en los escasos recursos que tienen los estados y municipios para la seguridad pública.

El Senado de la República iniciará un debate parlamentario de suma importancia para la sociedad mexicana, asumiendo un gran compromiso en el que se deberá mantener como base el respeto a la división de poderes, al Federalismo mexicano y el respeto a los derechos humanos.

* Senador de la República

En una muestra de pluralidad política, el Senado de la República aprobó por histórica unanimidad la reforma constitucional en materia de Guardia Nacional, decreto que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de marzo del presente año. Hablamos de un cuerpo policial de carácter civil, cuyos fines son salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, así como contribuir a la generación y preservación del orden público y la paz social.

Es importante señalar que durante la concreción de esta modificación, se atendió un proceso propositivo, visionario y consensuado, pues se tomó en cuenta la opinión de los agentes involucrados, como los gobernadores de las entidades federativas, integrantes de instituciones de seguridad pública, organizaciones y sociedad civil.

Así, el Constituyente Permanente aprobó otorgar al pueblo mexicano una Guardia Nacional con mando civil, que regirá su actuación en una serie de principios que buscan promover, respetar y garantizar los derechos humanos.

Ahora bien, uno de los artículos transitorios del decreto de reforma constitucional determinó que el Congreso de la Unión, dentro de los plazos establecidos, debe expedir la Ley de la Guardia Nacional y hacer las adecuaciones legales conducentes; así como las leyes nacionales que reglamenten el uso de la fuerza y del registro de detenciones.

Bajo este orden de ideas, el 6 de mayo la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión aprobó la convocatoria a ambas Cámaras Federales para abrir periodos extraordinarios de sesiones, tanto para dar cauce a los cambios constitucionales en materia de reforma educativa, como para abordar las reformas y expedición de las leyes secundarias de la Guardia Nacional, entre las que se encuentran: reformas de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública; la Ley de la Guardia Nacional; la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza; y la Ley Nacional del Registro de Detenciones.

De esta forma, el Senado de la República esta semana se dedicará a discutir el paquete de modificaciones legislativas que defina con toda precisión las bases fundamentales de la Guardia Nacional y su marco de actuación, donde desde el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional ejerceremos un papel activo y propositivo que mantenga el espíritu de la reforma constitucional para lograr integrar un eficiente cambio al andamiaje jurídico, que pueda aportar y colaborar en la disminución de los índices delictivos en diversas regiones del país.

Asimismo, es imprescindible plasmar con toda claridad que la Federación sea quien deba absorber el costo de operación de la Guardia Nacional, para que su presupuesto no recaiga en los escasos recursos que tienen los estados y municipios para la seguridad pública.

El Senado de la República iniciará un debate parlamentario de suma importancia para la sociedad mexicana, asumiendo un gran compromiso en el que se deberá mantener como base el respeto a la división de poderes, al Federalismo mexicano y el respeto a los derechos humanos.

* Senador de la República

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