/ miércoles 13 de mayo de 2020

Legalizar lo virutal

Mientras conducíamos nuestro programa matutino en CEPROVYSA.COM, Néstor Ortega Almeida trajo un tema por demás interesante, expuso la legalidad de las decisiones que se tomen por la vía de las video-conferencias. Todas. Las que llevan a cabo los distintos Congresos Locales, las que realizan las Cámaras del Congreso de la Unión y del Senado. Esto a partir de que los videos hasta ahora tienen calidad y peso moral en la sociedad, pero no son determinantes para ser tomadas en cuenta como un hecho legal por la justicia.

Las video conferencias son hoy por hoy el elemento que ha favorecido que continúe la vida política del país, considerando que recae en la clase política la toma de decisiones a favor de la sociedad. Si alguna decisión fuera considerada contraria para intereses específicos, sin duda pesaría la demanda y abogados, litigantes que encuentran recovecos en las leyes, buscarían deshacer tal decisión si ésta no tiene un respaldo legal.

Tiene razón. Hasta dónde las autoridades que han tomado la palabra para mantener contacto con el exterior por la vía de video llamada como la Secretaría de Gobernación con Las y Los Gobernadores. Los Gobernadores y Gobernadoras con sus grupos internos de trabajo. Los grupos de trabajo con sus equipos que están laborando. Los que están laborando con la propia sociedad. Los Congresos Locales y Federales. Una cadena de mando que debe no solo asumir con compromiso su propio ejercicio de responsabilidad política con sus gobernados a través de las redes sociales, sino además, hacer de éstas la garantía de la legalidad y la legitimidad, que ayude a las y los demás, y a sí misma.

La emergencia transformará las formas establecidas previo a su expansión de riesgo y lo de antes se quedará en el referente para las nuevas formas que se deberán atender. Cambiar las formas en que sesionan las y los legisladores. Las formas para dar cobertura, las formas para realizar reuniones y hasta las formas para hacer política y campañas cuando así lo marquen los tiempos establecidos por la ley. Incluidos los procesos electorales que éste año están previstos y a la suspensión de los mismos viene el otro tema, quien asumirá el mando en tanto se establece la sustitución o mantener el mando con un contexto legal por la COVID 19.

También la pandemia nos está urgiendo a realizar cambios que permitan continuar en la legalidad y éstos parten desde la esfera del propio poder. No hacerlo es dar posibilidad a descalificar lo hecho y hasta ser víctimas de demanda. Surrealismo?

Mientras conducíamos nuestro programa matutino en CEPROVYSA.COM, Néstor Ortega Almeida trajo un tema por demás interesante, expuso la legalidad de las decisiones que se tomen por la vía de las video-conferencias. Todas. Las que llevan a cabo los distintos Congresos Locales, las que realizan las Cámaras del Congreso de la Unión y del Senado. Esto a partir de que los videos hasta ahora tienen calidad y peso moral en la sociedad, pero no son determinantes para ser tomadas en cuenta como un hecho legal por la justicia.

Las video conferencias son hoy por hoy el elemento que ha favorecido que continúe la vida política del país, considerando que recae en la clase política la toma de decisiones a favor de la sociedad. Si alguna decisión fuera considerada contraria para intereses específicos, sin duda pesaría la demanda y abogados, litigantes que encuentran recovecos en las leyes, buscarían deshacer tal decisión si ésta no tiene un respaldo legal.

Tiene razón. Hasta dónde las autoridades que han tomado la palabra para mantener contacto con el exterior por la vía de video llamada como la Secretaría de Gobernación con Las y Los Gobernadores. Los Gobernadores y Gobernadoras con sus grupos internos de trabajo. Los grupos de trabajo con sus equipos que están laborando. Los que están laborando con la propia sociedad. Los Congresos Locales y Federales. Una cadena de mando que debe no solo asumir con compromiso su propio ejercicio de responsabilidad política con sus gobernados a través de las redes sociales, sino además, hacer de éstas la garantía de la legalidad y la legitimidad, que ayude a las y los demás, y a sí misma.

La emergencia transformará las formas establecidas previo a su expansión de riesgo y lo de antes se quedará en el referente para las nuevas formas que se deberán atender. Cambiar las formas en que sesionan las y los legisladores. Las formas para dar cobertura, las formas para realizar reuniones y hasta las formas para hacer política y campañas cuando así lo marquen los tiempos establecidos por la ley. Incluidos los procesos electorales que éste año están previstos y a la suspensión de los mismos viene el otro tema, quien asumirá el mando en tanto se establece la sustitución o mantener el mando con un contexto legal por la COVID 19.

También la pandemia nos está urgiendo a realizar cambios que permitan continuar en la legalidad y éstos parten desde la esfera del propio poder. No hacerlo es dar posibilidad a descalificar lo hecho y hasta ser víctimas de demanda. Surrealismo?

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