En la actualidad, la transparencia indiscutiblemente es un factor fundamental de la calidad de los gobiernos que dicen ser democráticos, anclándose como un presupuesto necesario para que la ciudadanía pueda ejercer un mecanismo tanto de participación como de control sobre el gobierno.
Además, si se interpreta con el trinomio transparencia, rendición de cuentas y acceso a la información pública nos encontramos ante una integración y articulación de ejes indispensables para garantizar la vigencia de un Estado Constitucional de Derecho, en el que se estreche una buena relación entre gobierno y gobernados.
Con estos elementos se logra el fortalecimiento de la cultura ciudadana y la vigencia de los principios de transparencia, pues aparte de ser un certero “golpe a la corrupción” se estarán instrumentando acciones inexcusables que nos encaminan a una sociedad más democrática
Hay que tener en claro que la información puede ser una materia delicada y compleja ya que la sociedad demanda cada vez su mayor y puntual acceso. De igual forma, el debate de la rendición de cuentas y la transparencia en el manejo de los recursos públicos ocupa cada vez mayor atención.
Por ello, un gobierno que le rehúye a poner en marcha el ejercicio veraz de la transparencia, la rendición de cuentas y el acceso a la información pública, es un gobierno que pretende vivir en la sombra y fomentar una amplia serie de vicios que pueden convertirse en grandes lastres de su actuación.
Las reformas constitucionales de 2014 y 2015 son los cambios realizados más recientes, teniendo como rubros principales el fortalecimiento del derecho de acceso a la información pública con el perfeccionamiento del conjunto de órganos del Estado que tienen la obligación de publicar la información que poseen, la facultad al Congreso de la Unión para expedir un nuevo marco jurídico, la consolidación de un Sistema Nacional de Transparencia y el establecimiento de órganos constitucionales autónomos para garantizar la transparencia y el derecho de acceso a la información.
En una democracia la rendición de cuentas tiene dos nociones básicas, por un lado, implica la obligación de los servidores públicos de informar sobre sus decisiones y justificarlas en público y por otro la capacidad de sancionar en caso de haber violado los deberes públicos.
Lo anterior debe interpretarse con el conocimiento de que estas herramientas no aparecieron por casualidad en el régimen constitucional mexicano, si no que con el tiempo han sido objetos de arduos procesos y perfeccionamiento, bajo el objetivo de crear un escenario más transparente y abonar a la certidumbre y confiabilidad de la ciudadanía.
Por tales motivos, es indispensable emprender el siguiente paso en la materia, que tenga como necesario fortalecer y afianzar la autonomía constitucional de los órganos garantes; mecanismos más sólidos y agilizados de transparencia que supervisarán las contrataciones de los tres órdenes de gobierno y perfeccionar la accesibilidad de las herramientas digitales bajo las cuales la ciudadanía puede acceder a la información.
