/ martes 27 de julio de 2021

La lucha contra la trata

En la actualidad, la trata de personas se ha convertido en uno de los malestares que más acongojan a la sociedad, alcanzando cifras catastróficas, así como el hecho de convertirse en uno de los delitos más lucrativos del mundo. Se trata de una realidad sumamente deplorable, que de acuerdo con datos de Unicef, cada año más de un millón de niños, particularmente niñas, se ven involucrados en la industria del sexo a través de la prostitución, la pornografía o alguna otra figura delictiva.

Lamentablemente, la tendencia es que millones de niñas y niños en todo el orbe son arrastrados en contra de su voluntad, secuestrados, vendidos o adoptados en beneficio de redes dedicadas a la prostitución y a la pornografía. Y esta triste realidad, los está llevando por un camino peligroso, que podría tener consecuencias catastróficas tanto para su salud física como para su bienestar mental.

En el caso de nuestro país, esta crítica situación no se encuentra exenta aún en pleno siglo XXI, a pesar de que en el año 2003, México ratificó el protocolo de las Naciones Unidas para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, donde se reconoció esta problemática global y se signó el compromiso ante la comunidad internacional relativo a realizar las reformas legislativas necesarias e implementar una política pública integral que además de la prevención y la sanción contemplara la atención a las víctimas.

Derivado de lo anterior, en el año 2012, se expidió la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas y para la protección y asistencia a las víctimas de estos delitos. De igual forma, en 2019, el H. Congreso de la Unión modificó el Código Civil Federal para prohibir el matrimonio con personas menores de edad.

Sin embargo, la problemática persiste, pues de acuerdo con datos oficiales, el 68% de las mujeres indígenas contrajo matrimonio entre los 9 y los 19 años, pero también existen casos de sustracción y venta de menores para adopción, e incluso para el cultivo de órganos y su venta en el mercado negro.

Por los anteriores motivos, el pasado miércoles 21 de julio, en el Pleno de la Comisión Permanente del Congreso Mexicano avalamos un dictamen por medio del cual exhortamos al Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes para que, en coordinación con el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, refuerce las acciones tendientes a prevenir, erradicar y sancionar el matrimonio infantil y las uniones forzadas.

Aunado a lo anterior, en este marco, presenté la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción al artículo 30 de la Ley General de Educación, con la finalidad de que en los planes de estudios de educación básica, las niñas y niños puedan recibir orientación sobre prevención, detección y denuncia del delito de trata de personas.

Con esto, se busca brindar un módulo específico sobre la trata de personas, relativo a cómo prevenirla, detectarla y denunciarla, ya que entre más informados estén nuestras niñas y niños, más difícil será para los tratantes llegar a ellos.

Todo lo anterior, para que las niñas de México, especialmente las pertenecientes a comunidades indígenas, puedan acceder plenamente a una infancia feliz, sana y segura.

*Senador de la República

@manuelanorve

En la actualidad, la trata de personas se ha convertido en uno de los malestares que más acongojan a la sociedad, alcanzando cifras catastróficas, así como el hecho de convertirse en uno de los delitos más lucrativos del mundo. Se trata de una realidad sumamente deplorable, que de acuerdo con datos de Unicef, cada año más de un millón de niños, particularmente niñas, se ven involucrados en la industria del sexo a través de la prostitución, la pornografía o alguna otra figura delictiva.

Lamentablemente, la tendencia es que millones de niñas y niños en todo el orbe son arrastrados en contra de su voluntad, secuestrados, vendidos o adoptados en beneficio de redes dedicadas a la prostitución y a la pornografía. Y esta triste realidad, los está llevando por un camino peligroso, que podría tener consecuencias catastróficas tanto para su salud física como para su bienestar mental.

En el caso de nuestro país, esta crítica situación no se encuentra exenta aún en pleno siglo XXI, a pesar de que en el año 2003, México ratificó el protocolo de las Naciones Unidas para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, donde se reconoció esta problemática global y se signó el compromiso ante la comunidad internacional relativo a realizar las reformas legislativas necesarias e implementar una política pública integral que además de la prevención y la sanción contemplara la atención a las víctimas.

Derivado de lo anterior, en el año 2012, se expidió la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas y para la protección y asistencia a las víctimas de estos delitos. De igual forma, en 2019, el H. Congreso de la Unión modificó el Código Civil Federal para prohibir el matrimonio con personas menores de edad.

Sin embargo, la problemática persiste, pues de acuerdo con datos oficiales, el 68% de las mujeres indígenas contrajo matrimonio entre los 9 y los 19 años, pero también existen casos de sustracción y venta de menores para adopción, e incluso para el cultivo de órganos y su venta en el mercado negro.

Por los anteriores motivos, el pasado miércoles 21 de julio, en el Pleno de la Comisión Permanente del Congreso Mexicano avalamos un dictamen por medio del cual exhortamos al Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes para que, en coordinación con el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, refuerce las acciones tendientes a prevenir, erradicar y sancionar el matrimonio infantil y las uniones forzadas.

Aunado a lo anterior, en este marco, presenté la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción al artículo 30 de la Ley General de Educación, con la finalidad de que en los planes de estudios de educación básica, las niñas y niños puedan recibir orientación sobre prevención, detección y denuncia del delito de trata de personas.

Con esto, se busca brindar un módulo específico sobre la trata de personas, relativo a cómo prevenirla, detectarla y denunciarla, ya que entre más informados estén nuestras niñas y niños, más difícil será para los tratantes llegar a ellos.

Todo lo anterior, para que las niñas de México, especialmente las pertenecientes a comunidades indígenas, puedan acceder plenamente a una infancia feliz, sana y segura.

*Senador de la República

@manuelanorve