El colapso estructural de un tramo de la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México no es producto de un sabotaje ni de un acto intencionado, como insensatamente han sugerido algunos morenistas al calor del proceso electoral en ciernes.
La tragedia del pasado lunes tiene su origen en deficiencias de la obra civil y una mala planeación del ambicioso proyecto impulsado por el entonces jefe de Gobierno del otrora Distrito Federal, Marcelo Ebrard, observadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en tres informes. La falta de un adecuado mantenimiento, más los estragos a su infraestructura derivados del sismo de septiembre de 2017, hicieron brotar irregularidades graves que arrastraba esa obra desde su gestación, como su costo que se elevó de 17 mil 500 millones de pesos a 26 mil millones de pesos. Es, de hecho, la más costosa de las 12 líneas existentes del Metro y, en contraste, la más deficiente y riesgosa. En el aspecto financiero, la responsabilidad de Ebrard es compartida con Mario Delgado, ex secretario de Finanzas de su gobierno y hoy flamante dirigente nacional de Morena.
Según los primeros dictámenes sobre el accidente que ha dejado 25 personas muertas y 70 lesionadas, a las anomalías estructurales de la obra civil y electromecánica a cargo de ICA y Carso (ambas, propiedad del magnate Carlos Slim) debe añadirse que el suelo de la zona donde se construyó ese tramo elevado de la también llamada Línea Dorada no era apto para soportar ese peso.
La planeación de ese tipo de obras en la capital del país es compleja por su alta sismicidad y suelo lacustre. Un estudio de la Facultad de Ingeniería de la UNAM de 2006, advierte que los sedimentos del subsuelo de la CDMX, dada su alta compresibilidad por su gran contenido de agua y plasticidad, representan un obstáculo para la cimentación de edificios elevados y obras de gran peso.
Un proyecto como ese -y los segundos pisos que comenzaron a construirse en la capital del país a partir del gobierno de Andrés Manuel López Obrador- debía cumplir una normatividad estricta y ceñirse al uso de materiales de alta calidad para garantizar la seguridad de los más de 700 mil usuarios diarios que tiene esa ruta del Metro.
Sin embargo, a sabiendas de las posibles implicaciones, Ebrard instruyó acelerar su construcción para entregarla como obra insignia de su administración con propósitos políticos a futuro que, tras lo ocurrido, le están resultando adversos. El saldo fatal del desplome del Metro, no obstante, es mucho más delicado que el deterioro de su imagen como eventual presidenciable. Es menester recordar que las anomalías de la Línea 12 que se achacaban al hoy Canciller lo obligaron a auto exiliarse del país hasta su rescate político en la 4T.
El presidente Andrés Manuel López Obrador está muy consciente del impacto político de la tragedia del Metro en su secretario de Relaciones Exteriores y principal operador en la adquisición de vacunas contra el Covid-19, e indirectamente también en su administración. Tan es así que, sin un acto presencial en la zona del desastre ni mensajes directos o de acompañamiento a familiares de las víctimas, se ha atrincherado en la seguridad mediática que le concede su conferencia mañanera para emprender sendas defensas de Ebrard y de la jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, como responsable actual del buen estado de ese sistema de transporte. A los deudos y usuarios del Metro, que son un grueso de la población que dice defender la 4T, ni una palabra del jefe de la nación.
En 2017, cuando ocurrió el socavón en el paso exprés de Cuernavaca que construyó la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a cargo entonces del desaparecido Gerardo Ruiz Esparza, López Obrador lo atribuyó a un acto de corrupción y pidió, en su calidad de dirigente nacional de Morena, la dimisión del ex funcionario. Aquel arrojo contrasta con su postura actual, ya como primer mandatario del país, que pretende encubrir a Ebrard en medio del evidente entramado de corrupción que seguirá emergiendo por las deterioradas vías de la Línea Dorada del Metro. Una prudencia cómplice como la mostrada también a favor de Sheinbaum, cuando fungía como jefa delegacional de Tlalpan, por eludir anomalías en obras del Colegio Rebsamen que causaron la muerte de 26 personas tras el sismo de hace cuatro años.
Ambos, tanto el responsable de la política exterior mexicana como la gobernadora de la capital del país, son los personajes más visibles y "mejor posicionados" para suceder a López Obrador en 2024, pero sus omisiones los ponen sobre una plataforma política tan endeble como el tramo elevado colapsado de la Línea 12.
A propósito de su gusto por los dichos populares, en este caso el presidente debe hacer suyo aquel claridoso refrán que se empeña en soslayar: O todos coludos o todo rabones.
