/ miércoles 9 de enero de 2019

La equívoca interpretación de la Doctrina Estrada

Durante los últimos años, México se ha caracterizado por ser un actor comprometido y defensor de los derechos humanos de todas las personas, tanto al interior, como al exterior de nuestro territorio nacional.

La evolución de nuestro régimen jurídico y la participación de México en los mecanismos multilaterales así lo constatan.

A partir del año 2011, nuestro país vivió una revolución constitucional de enorme relevancia, al reconocerse en nuestra Ley Fundamental un sistema de derechos humanos conformados

tanto por aquellos contemplados en el orden jurídico nacional, pero también los reconocidos en los tratados internacionales suscritos por el Estado mexicano, de forma general. Además, se introdujo el principio pro persona, mediante el cual se ha interpretado la norma de la manera más

favorable para las personas, y, por último, se obligó a las autoridades del Estado mexicano a trabajar en favor de la promoción, protección, respeto y garantía de los derechos humanos.

México ha desempeñado un papel fundamental en la materia, incluso desde antes de la aprobación de las reformas constitucionales; por lo que contamos con un catálogo amplísimo de

tratados internacionales en materia, así como una constante participación en mecanismos y foros multilaterales, en los cuales se ha dejado sentir el peso de nuestro país como actor global.

El Grupo de Lima, constituido a partir de agosto de 2017, es uno de estos mecanismos, y actualmente se encuentra conformado por 14 países americanos. El propósito de su constitución

fue buscar una solución pacífica a la crisis política y democrática que actualmente se vive en Venezuela, donde, debe recordarse, se ha vivido un verdadero éxodo de familias

como consecuencia de la insostenibilidad económica, así como una aterradora persecución política hacia los opositores del régimen de gobierno.

A pesar de ello México decidió no apoyar, el pasado 4 de enero, un documento emanado del Grupo de Lima que instaba al Presidente venezolano, Nicolás Maduro, a entregar el poder

y no asumir un nuevo periodo el próximo 10 de enero; luego de unas elecciones cuestionables y que, por cierto, no contaron con la presencia de observadores internacionales. Se trata de un

viraje histórico a la forma de hacer política exterior en México.

En otras palabras, bajo el argumento de “respetar los principios constitucionales de no intervención y de autodeterminación de los pueblos”, el gobierno mexicano decidió además ser cómplice de la violación de los derechos humanos de nuestros hermanos venezolanos; cuando debiésemos dar nuestra empatía y solidaridad ante la tragedia que se vive en aquel país.

La Doctrina Estrada, de donde emanan los principios constitucionales de no intervención y autodeterminación de los pueblos, fue publicada el 27 de septiembre de 1930 y fue creada bajo un contexto caracterizado por abiertas amenazas de carácter exógeno, que intimidaban a los gobiernos emanados de procesos eminentemente revolucionarios con su desconocimiento.

Con ello se puso fin a esta práctica internacional ilegítima, y se abrió la posibilidad para que cualquier Estado pudiera mantener o retirar la misión diplomática, cuando así lo consideraran prudente para sus intereses.

Con la doctrina Estrada, México ganó un singular prestigio internacional durante gran parte del Siglo XX, teniendo una solidez jurídica y política de altas miras, que identificó claramente a la política exterior mexicana; sin embargo, la interpretación que se realiza hoy en día es equívoca, pues no se trata de desconocer a un gobierno de facto en Venezuela, sino de tomar una posición enérgica desde nuestro país, para evitar que prácticas como el autoritarismo, las elecciones viciadas y la violación de los derechos humanos, no se repitan en ningún lugar del mundo.

México debe seguir siendo parte del proceso de construcción de soluciones internacionales y no evadir su responsabilidad que tiene en el plano internacional.

Durante los últimos años, México se ha caracterizado por ser un actor comprometido y defensor de los derechos humanos de todas las personas, tanto al interior, como al exterior de nuestro territorio nacional.

La evolución de nuestro régimen jurídico y la participación de México en los mecanismos multilaterales así lo constatan.

A partir del año 2011, nuestro país vivió una revolución constitucional de enorme relevancia, al reconocerse en nuestra Ley Fundamental un sistema de derechos humanos conformados

tanto por aquellos contemplados en el orden jurídico nacional, pero también los reconocidos en los tratados internacionales suscritos por el Estado mexicano, de forma general. Además, se introdujo el principio pro persona, mediante el cual se ha interpretado la norma de la manera más

favorable para las personas, y, por último, se obligó a las autoridades del Estado mexicano a trabajar en favor de la promoción, protección, respeto y garantía de los derechos humanos.

México ha desempeñado un papel fundamental en la materia, incluso desde antes de la aprobación de las reformas constitucionales; por lo que contamos con un catálogo amplísimo de

tratados internacionales en materia, así como una constante participación en mecanismos y foros multilaterales, en los cuales se ha dejado sentir el peso de nuestro país como actor global.

El Grupo de Lima, constituido a partir de agosto de 2017, es uno de estos mecanismos, y actualmente se encuentra conformado por 14 países americanos. El propósito de su constitución

fue buscar una solución pacífica a la crisis política y democrática que actualmente se vive en Venezuela, donde, debe recordarse, se ha vivido un verdadero éxodo de familias

como consecuencia de la insostenibilidad económica, así como una aterradora persecución política hacia los opositores del régimen de gobierno.

A pesar de ello México decidió no apoyar, el pasado 4 de enero, un documento emanado del Grupo de Lima que instaba al Presidente venezolano, Nicolás Maduro, a entregar el poder

y no asumir un nuevo periodo el próximo 10 de enero; luego de unas elecciones cuestionables y que, por cierto, no contaron con la presencia de observadores internacionales. Se trata de un

viraje histórico a la forma de hacer política exterior en México.

En otras palabras, bajo el argumento de “respetar los principios constitucionales de no intervención y de autodeterminación de los pueblos”, el gobierno mexicano decidió además ser cómplice de la violación de los derechos humanos de nuestros hermanos venezolanos; cuando debiésemos dar nuestra empatía y solidaridad ante la tragedia que se vive en aquel país.

La Doctrina Estrada, de donde emanan los principios constitucionales de no intervención y autodeterminación de los pueblos, fue publicada el 27 de septiembre de 1930 y fue creada bajo un contexto caracterizado por abiertas amenazas de carácter exógeno, que intimidaban a los gobiernos emanados de procesos eminentemente revolucionarios con su desconocimiento.

Con ello se puso fin a esta práctica internacional ilegítima, y se abrió la posibilidad para que cualquier Estado pudiera mantener o retirar la misión diplomática, cuando así lo consideraran prudente para sus intereses.

Con la doctrina Estrada, México ganó un singular prestigio internacional durante gran parte del Siglo XX, teniendo una solidez jurídica y política de altas miras, que identificó claramente a la política exterior mexicana; sin embargo, la interpretación que se realiza hoy en día es equívoca, pues no se trata de desconocer a un gobierno de facto en Venezuela, sino de tomar una posición enérgica desde nuestro país, para evitar que prácticas como el autoritarismo, las elecciones viciadas y la violación de los derechos humanos, no se repitan en ningún lugar del mundo.

México debe seguir siendo parte del proceso de construcción de soluciones internacionales y no evadir su responsabilidad que tiene en el plano internacional.

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