El primero de agosto próximo se llevará una consulta popular inútil y absurda, para que se conteste una pregunta abstrusa o de muy difícil comprensión: “¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”.
No sólo a mí me pasa, sino a todos los columnistas, intelectuales, escritores y juristas que han manifestado su opinión. A mí no me queda en claro qué cosa es lo que se pregunta. Si se quiso decir que si estamos de acuerdo en que se observe y haga cumplir la ley, lo evidente es que sí. Sólo un delincuente podría manifestar lo contrario. Pero para observar, cumplir y hacer cumplir la ley no se requiere pregunta o consulta alguna. Las normas están para ser cumplidas. El Ministerio Público está para representar a la sociedad y procurar justicia. Si éste tiene denuncia y pruebas de un hecho o acto ilícito pues debe iniciar la acción penal correspondiente. No puede ni debe esperar a que le digan si debe o no cumplir con el deber que le encarga la propia Constitución. Inclusive, todo servidor público hace la protesta o juramento constitucional. No acaso contestan afirmativamente, al asumir el cargo, a la pregunta “¿Protesta cumplir y hacer cumplir la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado y las leyes, reglamentos y acuerdos que de una u otra emanen, así como desempeñar leal y eficazmente el cargo de . . .?” Pues si uno de ellos tiene pruebas, ya se tardó en presentarlas. Puede ser imputado como cómplice y de obstruir la justicia.
¿A qué se refiere “decisiones políticas tomadas en los años pasados”? Estos pueden ser, desde el 2020 hasta 1821 (cuando nace el Imperio Mexicano, porque anterior a ello fue la Nueva España). ¿Cuáles son los “actores políticos”? Puede ser el presidente en funciones (ha tomado decisiones políticas en los pasados tres años) y/o ex presidentes, gobernadores en funciones y/o ex gobernadores, presidentes en funciones y/o ex presidentes municipales, senadores en funciones y/o ex senadores, diputados y/o ex diputados federales y locales, síndicos en funciones y/o ex síndicos, regidores en funciones y/o ex regidores, comisarios en funciones y/o ex comisarios municipales y hasta representantes de partido ante órganos electorales, federales o locales y/o ex representantes. Inclusive presidentes de partidos políticos, tanto en funciones como ya retirados. Todos son actores políticos y toman y han tomado, en su momento, decisiones políticas.
Ocupar 528 millones de pesos de nuestros impuestos -que bien pudieran ocuparse para medicinas para los niños con cáncer que, al no suministrarles, son víctimas de decisiones políticas que vulneran sus derechos humanos- para realizar una consulta ociosa, inocua y absurda me parece una irresponsabilidad, por decir lo menos. Yo no votaré lo obvio: que la autoridad haga su tarea y cumpla con su deber, si tiene las pruebas. Ni más, ni menos.
