/ viernes 15 de mayo de 2020

Ius semper loquitur

En esta ocasión no me refiero al auditorio del mismo nombre de la facultad de Derecho de la UNAM, de gratos recuerdos para el que esto escribe. “La justicia siempre habla” es lo que significa esta frase latina y la traigo a colación por la resolución dictada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación que de manera unánime rechazó la imposición que pretendía el Congreso local de Baja California respecto a la llamada ley Bonilla, que consistía en extender el mandato del gobernador electo de dos años para el cual fue electo por la población de aquel estado a cinco años. Afortunadamente hubo voces en contra que se inconformaron con está estupidez dizque legal contraria a nuestra Carta Magna. El análisis acucioso que hicieron los Ministros de la Suprema Corte quienes se manifestaron casi de la misma manera para oponerse, fue en el sentido de que era una violación a la constitución y un fraude, así como una violación a los principios de certeza electoral, irretroactividad de las leyes y derecho al voto con efecto “corruptor” del rango Constitucional -ministro presidente Arturo Zaldívar- , a lo que yo le agregaría “delincuencia organizada”. No basta pues, que haya una unanimidad de votos o mayoría de legisladores locales para cambiar “ad Libitum” una norma de menor rango a la ley Suprema en el País. O fueron atrevidos ignorantes con iniciativa ó alguien les $edujo para avalar este dislate legal. Con lo anterior se tendrá elecciones en el 2021 para gobernador como se ofertó en un principio en aquel estado. Este artero ataqué a la democracia por un puñado de pillos llamados legisladores fue detenido como se esperaba por el pleno del Máximo Tribunal del País que mostró su independencia y sana distancia a cualquier insinuación de otro poder (?); por lo que, además debe investigarse si existe o no la comisión de un Ilícito por el señalamiento que hizo el Ministro Presidente Zaldívar, con efectos de delito al llamarla “fraude”, lo cual obliga a analizar el caso por los legisladores y determinar si procede o no el juicio político para estos delincuentes e cuello blanco . “Ius semper loquitur” debe “pervivir” en un estado que presume ser de derecho. Por otro lado, la ex Ministra Olga Sanchez Cordero, actual Secretaria de Gobernación y mi maestra de Sociología Jurídica en facultad de derecho en la UNAM, tuvo que hacer una aclaración a su postura anterior donde le dijo textualmente en su toma de protesta al gobernador electo, que la norma local que le daba la extensión a cinco años iba a “pervivir” ( durar o seguir viviendo ); al enmendar lo anterior, explicando que su posicionamiento sobre el tema siempre apuntó a ese criterio de la Corte (sic); en abono a esta aclaración debo decir que en una primera exposición ella estuvo en contra de la llamada ley Bonilla. En fin, se impidió con esta resolución del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación validar un fraude legislativo local y una flagrante violación a la Constitución general que quedará como un criterio jurídico para evitar otros intentos en el mismo sentido en el futuro; aunque... quien sabe, el derecho es cambiante.

En esta ocasión no me refiero al auditorio del mismo nombre de la facultad de Derecho de la UNAM, de gratos recuerdos para el que esto escribe. “La justicia siempre habla” es lo que significa esta frase latina y la traigo a colación por la resolución dictada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación que de manera unánime rechazó la imposición que pretendía el Congreso local de Baja California respecto a la llamada ley Bonilla, que consistía en extender el mandato del gobernador electo de dos años para el cual fue electo por la población de aquel estado a cinco años. Afortunadamente hubo voces en contra que se inconformaron con está estupidez dizque legal contraria a nuestra Carta Magna. El análisis acucioso que hicieron los Ministros de la Suprema Corte quienes se manifestaron casi de la misma manera para oponerse, fue en el sentido de que era una violación a la constitución y un fraude, así como una violación a los principios de certeza electoral, irretroactividad de las leyes y derecho al voto con efecto “corruptor” del rango Constitucional -ministro presidente Arturo Zaldívar- , a lo que yo le agregaría “delincuencia organizada”. No basta pues, que haya una unanimidad de votos o mayoría de legisladores locales para cambiar “ad Libitum” una norma de menor rango a la ley Suprema en el País. O fueron atrevidos ignorantes con iniciativa ó alguien les $edujo para avalar este dislate legal. Con lo anterior se tendrá elecciones en el 2021 para gobernador como se ofertó en un principio en aquel estado. Este artero ataqué a la democracia por un puñado de pillos llamados legisladores fue detenido como se esperaba por el pleno del Máximo Tribunal del País que mostró su independencia y sana distancia a cualquier insinuación de otro poder (?); por lo que, además debe investigarse si existe o no la comisión de un Ilícito por el señalamiento que hizo el Ministro Presidente Zaldívar, con efectos de delito al llamarla “fraude”, lo cual obliga a analizar el caso por los legisladores y determinar si procede o no el juicio político para estos delincuentes e cuello blanco . “Ius semper loquitur” debe “pervivir” en un estado que presume ser de derecho. Por otro lado, la ex Ministra Olga Sanchez Cordero, actual Secretaria de Gobernación y mi maestra de Sociología Jurídica en facultad de derecho en la UNAM, tuvo que hacer una aclaración a su postura anterior donde le dijo textualmente en su toma de protesta al gobernador electo, que la norma local que le daba la extensión a cinco años iba a “pervivir” ( durar o seguir viviendo ); al enmendar lo anterior, explicando que su posicionamiento sobre el tema siempre apuntó a ese criterio de la Corte (sic); en abono a esta aclaración debo decir que en una primera exposición ella estuvo en contra de la llamada ley Bonilla. En fin, se impidió con esta resolución del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación validar un fraude legislativo local y una flagrante violación a la Constitución general que quedará como un criterio jurídico para evitar otros intentos en el mismo sentido en el futuro; aunque... quien sabe, el derecho es cambiante.