La independencia del Poder Judicial de la Federación es fundamental y esencial para asegurar un Estado Constitucional de Derecho fuerte, vigente y funcional. Por ello, su cabal respeto debe ser apreciado como un valor inquebrantable que toda la población debe defender.
Bajo esta tesitura, la sana convivencia entre poderes —donde cada rama del gobierno tiene funciones y responsabilidades específicas e independientes—, es un elemento clave para garantizar la democracia, la estabilidad y la paz en la sociedad.
Sin embargo, Morena y sus aliados se han empeñado en desmantelar y atacar cada voz y voto que no se alinee con sus intereses, sin importar las implicaciones que esto pudiera tener para el futuro de México.
Es el caso de uno de los golpes más arteros que se avecinan y que pretenden asestar al Poder Judicial de la Federación en su conjunto, en el contexto de la aprobación del Presupuesto de Egresos para el próximo año.
En este contexto, como una intentona de venganza política se ha buscado disminuir abruptamente y sin justificación alguna el presupuesto que se prevé asignar al Poder Judicial de la Federación, con un solo objetivo: centralizar el poder atando a uno de los órganos del Estado que mayor independencia y profesionalismo ha demostrado en su labor cotidiana.
Sin conocimiento de causa, lo que pretender realizar no se trata exclusivamente de una afectación a más de 55 mil servidoras y servidores públicos que integran este Poder, sino también a millones de personas que acceden a los tribunales de la federación para obtener certeza jurídica y dirimir sus controversias de forma imparcial y eficaz.
Es decir, lo que realmente Morena ejecutaría sería un golpe a las y los mexicanos que ante alguna vulneración o arbitrio a sus derechos acuden a los entes jurisdiccionales.
De esta forma, es imperativo que el Poder Ejecutivo y otras instituciones involucradas respeten y protejan la independencia del Poder Judicial. Por tales motivos, es vital que se le otorgue un presupuesto suficiente para llevar a cabo sus funciones de manera eficiente.
No olvidemos que la confianza en el sistema judicial es esencial para una sociedad funcional. La percepción de que las personas juzgadoras son independientes y pueden tomar decisiones basadas en la ley y la justicia, sin interferencia política, fortalece la confianza en las instituciones democráticas. Esto promueve una sociedad en la que la justicia se percibe como imparcial y accesible para todos.
Sin duda, la independencia del Poder Judicial de la Federación es piedra angular de una democracia saludable, incluyendo su naturaleza presupuestaria, pues garantiza que la justicia se imparta de manera equitativa y que el estado de derecho se mantenga vigente. Es responsabilidad tanto de la ciudadanía como de las autoridades proteger y fomentar esta independencia, asegurando así un sistema judicial robusto y confiable que sirva al bienestar de la sociedad en su conjunto.
