En Iguala, Guerrero, las voces de la libertad de expresión están amenazadas. El ejercicio periodístico se mueve entre medidas cautelares, asesinados, medios baleados, perseguidos, desplazados. La palabra, el análisis, la crítica o la denuncia son más perseguidos que nunca. El periodismo está en riesgo de entrar a una autocensura para sobrevivir ante un clima adverso provocado por la violencia.
No importa ni la edad ni el género, han sido amenazadas y desplazadas mujeres periodistas junto con sus familias.
Han sido amenazados y asesinados varones que incluso han estado bajo la protección de programas como el de Defensores de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación Federal.
Pero este fin de semana la alerta de riesgo sobre el ejercicio periodístico vuelve a llamar en la ciudad de Iguala. El periodista Julio Zubillaga, Director del Diario de la Tarde, quien está integrado al Mecanismo de Protección del Gobierno de México y con custodia, fue víctima de allanamiento de su casa, y de acuerdo a los datos que se conocen, indican pudo tratarse de elementos de la policía estatal que con vehículo oficial ingresaron sin orden de cateo.
Aún cuando la Asociación de Periodistas del Estado de Guerrero dio a conocer en 2018 que ha documentado 33 agresiones y cita que en la mayoría han sido perpetrados por autoridades estatales y municipales, existe otro grupo que ha vulnerado la libertad de expresión, los grupos delincuenciales que han inhibido el trabajo periodístico y acotado a un margen de su conveniencia la cobertura y forma de difusión de hechos violentos.
Antes del asesinato de Pablo Morrugares en agosto de 2020, que contaba con escolta y medidas de protección, habían salido a protestar periodistas de la región Norte, donde está ubicada la ciudad de Iguala, para decir: “Emitimos una alerta porque estamos en riesgo, y si las autoridades no actúan al respecto, en los próximos días podría ser asesinado alguno de nosotros”, y señalaban que tras una protesta en la Fiscalía Regional recibieron mensajes amenazadores acompañados de sus fotografías como un acto de intimidación.
Este sábado un hecho de violencia –otro- sucedió en la ciudad de Iguala. Más tarde la intimidación a J.Z. es evidente que algo no está bien y que las acciones no están dando resultado. No sólo es Pablo Morrugares -2020-, Francisco Pacheco -2016-, Cecilio Pineda -2017-, Gabriel Soriano -2018-, Edgar Alberto Nava -2019-, por citar algunas víctimas.
No sólo son los medios baleados o las y los periodistas desplazados, el riesgo de silenciar una ciudad es apenas una muestra de que la libertad de expresión también tiene en la violencia el riesgo de acotar un derecho que no sólo afecta a periodistas, también a la sociedad en su conjunto.
