En el periodo de transición del “Gobierno de la República” al “Gobierno de México”, se subrayó de manera enfática el tema de la “austeridad” en la agenda política.
La política de austeridad se sustenta en la necesidad de contrarrestar los excesos, las deficiencias del gasto e incluso la corrupción. Al amparo de esta política se proponía erradicar:
- Los excesos del gasto, mediante la elaboración de programas de austeridad, cuya principal línea de acción son los recortes en diversos rubros; y
- La corrupción, poniendo el acento en el control y la fiscalización.
En el caso de las universidades públicas en un primer momento elaboraron sus programas de austeridad 2019 y su actualización 2020, los cuales se encuentran en la plataforma de transparencia en rendición de cuentas de la Secretaría de Educación Pública.
La Universidad Autónoma de Guerrero consideró que el cuello de botella para el logro de estos compromisos se encuentra en una articulación entre uso responsable de los recursos y rendición de cuentas, que se constate en la fiscalización, la cual se desprende de manera natural al observar que la fiscalización se realiza sobre un ejercicio fiscal anual del presupuesto, el cual tiene su sustento en el Programa Operativo Anual, este último debe tener su soporte en el Plan de Desarrollo Institucional.
La fiscalización tiene como base la rendición de cuentas, esto es, lo que se denomina en la Legislación Universitaria informe anual de las autoridades de la Universidad, en particular, del rector y los directores de escuelas y facultades, el cual debe ser en sentido estricto la rendición de cuentas natural.
Este desafío implica necesariamente el generar las condiciones legales a través de diversos instrumentos jurídicos, entre ellos la revisión del Reglamento General de Planeación y Evaluación Institucional.
Ante la necesaria armonización de la Legislación Universitaria, teniendo como referente la política de austeridad, bajo el lineamiento de que se tenga una gestión ética y eficaz que asegure el uso responsable del presupuesto en el marco de la rendición de cuentas y su fiscalización, se requiere de un nuevo paradigma de rendición de cuentas y fiscalización universitaria sustentado en seis principios:
Primero. Articular la planeación, programación y presupuestación.
Segundo. La rendición de cuentas debe ser un elemento consustancial a la planeación.
Tercero. La fiscalización debe ser un mecanismo de mejora de la planeación, programación y presupuestación de la Universidad; sus resultados deben ser garante del uso responsable y ético del presupuesto.
Cuarto. La planeación es el sustento natural y obligatorio de la programación y presupuestación.
Quinto. La programación se implementa a través de la figura de “Programa Operativo Anual” y sobre este se elabora el “Presupuesto de Egresos de la Universidad”.
Sexto. El Programa Operativo Anual se elabora teniendo como referente las metas y compromisos del Plan de Desarrollo Institucional y, en su caso, el desarrollo y precisión de los programas y/o proyectos para el año respectivo.
Para el cumplimiento de estos objetivos se debe partir de la premisa de que la austeridad preferente se refiere al ejercicio del presupuesto no solo de manera pulcra y transparente sino de manera eficiente y eficaz teniendo como referente la planeación, bajo esta premisa cobra pleno sentido la austeridad, la rendición de cuentas y la fiscalización.
El Reglamento de Rendición de Cuentas y Fiscalización aprobado por el H. Consejo Universitario el 2 de diciembre de 2019, le da sustento legal al paradigma.
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