/ lunes 1 de agosto de 2022

Gobernar no es prometer

Gobernar no es una tarea que se lleve a cabo a base de promesas, se trata más bien de una alta responsabilidad y compromiso que per se conlleva la ejecución de múltiples programas, proyectos y estrategias que busquen el desarrollo y bienestar social, así como el crecimiento económico; destacando, que la definición e instrumentación de las políticas públicas no debe erigirse como un estandarte o moneda de cambio en tiempos electorales.

Además, otros de los principios que deben guiar inobjetablemente al servicio público y que en la actualidad parecieran estar en extinción son la transparencia y la viabilidad en el desarrollo de obras, proyectos y programas,

Dentro de estos rubros, podemos clasificar una amplia gama de políticas públicas, principalmente de desarrollo de obras de infraestructura que han destacado en la actual administración por su opacidad, inviabilidad y poco rendimiento, sin perder de vista que su construcción ha estremecido considerablemente al ecosistema en el que se edifica.

A ello hay que sumar como detrimento, el paso de la “austeridad republicana” a la “pobreza franciscana”, conceptos mal ejecutados. Pues en lugar de conocer, atender y priorizar las verdaderas necesidades de la nación mexicana, se pone en riesgo un sinfín de programas que han dado buenos resultados, para continuar alimentando proyectos ilusorios y estrategias asistencialistas que no son lo que realmente el pueblo de México necesita.

Muestra de ello, es la construcción de uno de los proyectos más controvertidos de la 4T, el denominado “Tren Maya”, al que han abordado con gran rapidez amparos, quejas y denuncias por el atropello ambiental y la vulneración de derechos de pueblos y comunidades indígenas que conlleva.

Situación que desde el gobierno federal erróneamente se ha pretendido resolver al declarar la obra faraónica como “asunto de seguridad nacional”, buscando erradicar de golpe los problemas, pasando por alto la atroz violación a la constitucionalidad y legalidad que deriva de este acto administrativo.

Bajo esta tesitura, es menester destacar que hay bases, principios, compromisos y valores con el medio ambiente y con el buen gobierno, promovidos no solo nacional sino también internacionalmente que deben ser cumplidos y aplicados como ejes transversales en las políticas públicas. Por lo que es una lástima que la actual administración federal no tenga consciencia sobre el severo problema al que, de seguir por esta ruta, nos estaremos enfrentando en pocos años.

De hecho, el dilema de la construcción de este tipo de obras no sólo es un desgaste ambiental, sino a la vez se incurre en una falta con las demandas de la sociedad, pues los miles de millones de pesos invertidos en estos proyectos que han aumentado considerablemente, de gran utilidad serían ahora para rubros como la salud, educación, empleo y seguridad de las y los mexicanos.

Por ello, es indispensable hacer un llamado tanto a la sociedad como al gobierno para redoblar los esfuerzos en favor del cuidado del medio ambiente, al tiempo de exigir que los recursos públicos tengan un destino adecuado, viable, visionario y congruente con las necesidades que acongojan a la población mexicana.

Gobernar no es una tarea que se lleve a cabo a base de promesas, se trata más bien de una alta responsabilidad y compromiso que per se conlleva la ejecución de múltiples programas, proyectos y estrategias que busquen el desarrollo y bienestar social, así como el crecimiento económico; destacando, que la definición e instrumentación de las políticas públicas no debe erigirse como un estandarte o moneda de cambio en tiempos electorales.

Además, otros de los principios que deben guiar inobjetablemente al servicio público y que en la actualidad parecieran estar en extinción son la transparencia y la viabilidad en el desarrollo de obras, proyectos y programas,

Dentro de estos rubros, podemos clasificar una amplia gama de políticas públicas, principalmente de desarrollo de obras de infraestructura que han destacado en la actual administración por su opacidad, inviabilidad y poco rendimiento, sin perder de vista que su construcción ha estremecido considerablemente al ecosistema en el que se edifica.

A ello hay que sumar como detrimento, el paso de la “austeridad republicana” a la “pobreza franciscana”, conceptos mal ejecutados. Pues en lugar de conocer, atender y priorizar las verdaderas necesidades de la nación mexicana, se pone en riesgo un sinfín de programas que han dado buenos resultados, para continuar alimentando proyectos ilusorios y estrategias asistencialistas que no son lo que realmente el pueblo de México necesita.

Muestra de ello, es la construcción de uno de los proyectos más controvertidos de la 4T, el denominado “Tren Maya”, al que han abordado con gran rapidez amparos, quejas y denuncias por el atropello ambiental y la vulneración de derechos de pueblos y comunidades indígenas que conlleva.

Situación que desde el gobierno federal erróneamente se ha pretendido resolver al declarar la obra faraónica como “asunto de seguridad nacional”, buscando erradicar de golpe los problemas, pasando por alto la atroz violación a la constitucionalidad y legalidad que deriva de este acto administrativo.

Bajo esta tesitura, es menester destacar que hay bases, principios, compromisos y valores con el medio ambiente y con el buen gobierno, promovidos no solo nacional sino también internacionalmente que deben ser cumplidos y aplicados como ejes transversales en las políticas públicas. Por lo que es una lástima que la actual administración federal no tenga consciencia sobre el severo problema al que, de seguir por esta ruta, nos estaremos enfrentando en pocos años.

De hecho, el dilema de la construcción de este tipo de obras no sólo es un desgaste ambiental, sino a la vez se incurre en una falta con las demandas de la sociedad, pues los miles de millones de pesos invertidos en estos proyectos que han aumentado considerablemente, de gran utilidad serían ahora para rubros como la salud, educación, empleo y seguridad de las y los mexicanos.

Por ello, es indispensable hacer un llamado tanto a la sociedad como al gobierno para redoblar los esfuerzos en favor del cuidado del medio ambiente, al tiempo de exigir que los recursos públicos tengan un destino adecuado, viable, visionario y congruente con las necesidades que acongojan a la población mexicana.