/ martes 18 de mayo de 2021

Gasto catastrófico por motivos de salud

La crisis acaecida por el virus SARS-CoV-2, ha dejado al descubierto un amplio número de carencias que viven millones de familias mexicanas. Una de ellas, es la referente a la crisis que se vive en el sector sanitario, basada no sólo en la falta de seriedad y atención en el manejo de la pandemia por parte del gobierno federal, sino también por una serie de flaquezas que no permiten a la población en situación de vulnerabilidad acceder a la plena vigencia de su derecho constitucional a la salud.

En esta tesitura, el gasto catastrófico por motivos de salud sucede cuando las familias se ven en la necesidad de destinar más del 30% de sus ingresos disponibles (es decir, el que resta, una vez cubiertas las necesidades básicas) para sufragar el costo de la atención médica.

Sobre el particular, es menester apuntar que este tipo de gasto no debe asociarse exclusivamente con una intervención costosa, una hospitalización o el tratamiento de una enfermedad crónica; pues desde el hecho de que una familia no tenga los recursos necesarios para adquirir un medicamento al encontrarse en condiciones de precariedad, se está incurriendo en un gasto catastrófico.

De tal manera, se genera una cadena de decadencia que profundiza el factor de empobrecimiento para los hogares, ya que ante la existencia de una enfermedad y no contar con el respaldo de políticas públicas idóneas y eficaces la población se ve en la penosa necesidad de tomar la decisión de postergar la atención de sus padecimientos o poner en riesgo sus bolsillos para restablecer en cierta medida su estado saludable.

Por tales motivos desde principios del nuevo milenio, en el Programa Nacional de Salud 2001-2006 se planteó la necesidad de implementar una política pública, que brindara protección financiera a la población que careciera de seguridad social en materia de salud, mediante un nuevo esquema denominado “Seguro Popular de Salud”. Dicho sistema para cumplir su propósito, apostó por reducir los gastos de bolsillo en que incurren las familias para atender su salud y que constituyen una causa de empobrecimiento para las familias más vulnerables, así como fomentar la atención preventiva de la salud. Al respecto, se constituyó un Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos, con el 8% de los recursos totales obtenidos por la Cuota Social y por las Aportaciones Solidarias.

Al amparo de este fondo, se cubrieron casi un millón cien mil padecimientos, entre los que se encuentra el tratamiento de distintos tipos de cáncer, trasplantes de órganos y atención de trastornos quirúrgicos congénitos y adquiridos.

Sin embargo, el gobierno federal en turno ha fraguado la eliminación de los fideicomisos públicos que, por años, habían apoyado a los diversos sectores sociales. Dejando en el abandono a las familias mexicanas que tienen algún integrante con una enfermedad que representa gastos catastróficos.

En virtud de lo anterior, no podemos quedarnos callados ante estas injusticias, por ello se propone modificar la Ley General de Salud para establecer las bases para la conformación y regulación de un fondo de protección contra gastos catastróficos dirigido especialmente a la atención médica de la población infantil de 0 a 5 años, que cubra las enfermedades más recurrentes, cuyo costo puede provocar la pérdida del patrimonio familiar.

Con ello, se busca brindar certeza jurídica, financiera y operativa, de tal manera se robustecerá la capacidad del Sistema de Protección Social en Salud.

La crisis acaecida por el virus SARS-CoV-2, ha dejado al descubierto un amplio número de carencias que viven millones de familias mexicanas. Una de ellas, es la referente a la crisis que se vive en el sector sanitario, basada no sólo en la falta de seriedad y atención en el manejo de la pandemia por parte del gobierno federal, sino también por una serie de flaquezas que no permiten a la población en situación de vulnerabilidad acceder a la plena vigencia de su derecho constitucional a la salud.

En esta tesitura, el gasto catastrófico por motivos de salud sucede cuando las familias se ven en la necesidad de destinar más del 30% de sus ingresos disponibles (es decir, el que resta, una vez cubiertas las necesidades básicas) para sufragar el costo de la atención médica.

Sobre el particular, es menester apuntar que este tipo de gasto no debe asociarse exclusivamente con una intervención costosa, una hospitalización o el tratamiento de una enfermedad crónica; pues desde el hecho de que una familia no tenga los recursos necesarios para adquirir un medicamento al encontrarse en condiciones de precariedad, se está incurriendo en un gasto catastrófico.

De tal manera, se genera una cadena de decadencia que profundiza el factor de empobrecimiento para los hogares, ya que ante la existencia de una enfermedad y no contar con el respaldo de políticas públicas idóneas y eficaces la población se ve en la penosa necesidad de tomar la decisión de postergar la atención de sus padecimientos o poner en riesgo sus bolsillos para restablecer en cierta medida su estado saludable.

Por tales motivos desde principios del nuevo milenio, en el Programa Nacional de Salud 2001-2006 se planteó la necesidad de implementar una política pública, que brindara protección financiera a la población que careciera de seguridad social en materia de salud, mediante un nuevo esquema denominado “Seguro Popular de Salud”. Dicho sistema para cumplir su propósito, apostó por reducir los gastos de bolsillo en que incurren las familias para atender su salud y que constituyen una causa de empobrecimiento para las familias más vulnerables, así como fomentar la atención preventiva de la salud. Al respecto, se constituyó un Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos, con el 8% de los recursos totales obtenidos por la Cuota Social y por las Aportaciones Solidarias.

Al amparo de este fondo, se cubrieron casi un millón cien mil padecimientos, entre los que se encuentra el tratamiento de distintos tipos de cáncer, trasplantes de órganos y atención de trastornos quirúrgicos congénitos y adquiridos.

Sin embargo, el gobierno federal en turno ha fraguado la eliminación de los fideicomisos públicos que, por años, habían apoyado a los diversos sectores sociales. Dejando en el abandono a las familias mexicanas que tienen algún integrante con una enfermedad que representa gastos catastróficos.

En virtud de lo anterior, no podemos quedarnos callados ante estas injusticias, por ello se propone modificar la Ley General de Salud para establecer las bases para la conformación y regulación de un fondo de protección contra gastos catastróficos dirigido especialmente a la atención médica de la población infantil de 0 a 5 años, que cubra las enfermedades más recurrentes, cuyo costo puede provocar la pérdida del patrimonio familiar.

Con ello, se busca brindar certeza jurídica, financiera y operativa, de tal manera se robustecerá la capacidad del Sistema de Protección Social en Salud.