La minería es una de las principales fuentes de ingreso para diversas localidades de nuestro país, erigiéndose como un motor de desarrollo social que permite mejorar de forma integral las comunidades que realizan dicha actividad.
Justo es señalar que por disposición normativa, las empresas mineras que operan en nuestro país están obligadas a destinar una contribución que asciende al 7.5% de la utilidad neta por la enajenación o venta de la actividad extractiva y el derecho extraordinario sobre minería; así como un 0.5% adicional sobre los ingresos por enajenación del oro.
De lo recaudado, con anterioridad la Ley Federal de Derechos publicada el 28 de diciembre de 2018 establecía que del 100%, el 20% se quedaba en la Federación, el 2.5% se canalizaba a la SEDATU y el 77.5% se integraba en un Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estados y Municipios Mineros. Además, estipulaba que la distribución del Fondo se calculaba con base en el valor de la actividad extractiva municipal y nacional, con el fin de elevar la calidad de vida de los habitantes en las zonas de extracción minera a través de inversión física con impacto social, ambiental y de desarrollo urbano.
Sin embargo, dentro del paquete económico para el 2020, el Ejecutivo Federal propuso modificar completamente el esquema referido y la mayoría en el Congreso avaló tales cambios. En este sentido, se eliminó la noción del Fondo minero, y ahora todos los recursos obtenidos por la contribución extraordinaria que le cobran a las empresas quedan centralizados a disposición del gobierno federal.
Bajo esta tesitura, con el modelo vigente tan sólo 5 de cada 100 pesos que se obtienen de las contribuciones de las empresas mineras, regresan a las comunidades y municipios en donde se llevan a cabo estas actividades. Y los otros 95 pesos quedan al libre albedrío para que el gobierno federal pueda usarlos como mejor le parezca, dejando con amplias probabilidades en el desamparo a las comunidades mineras de nuestro país.
Para el estado de Guerrero las actividades mineras representan uno de los primordiales campos de trabajo para mejorar la calidad de vida de los habitantes de los municipios en los que se desarrolla. Es así que en el año 2018, la entidad recibió más de 143 millones de pesos, que se destinaron a diversas obras de infraestructura social, educativa y de protección al ambiente en los municipios mineros. Y si ahora permitimos que sea el gobierno federal quien de forma centralizada decida arbitrariamente en qué se gastarán estos recursos, se corre el riesgo de que los estados y municipios mineros no reciban parte del fruto de su arduo trabajo.
Por tal motivo, en aras de fortalecer el federalismo mexicano, al tiempo de reconocer y promover el desarrollo de las regiones mineras, presenté ante el pleno del Senado de la República la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 271 y 275 de la Ley Federal de Derechos, que atendiendo a las particularidades del proceso legislativo fue remitida a la Cámara de Diputados.
El objeto de la iniciativa es recuperar el propósito del Fondo Minero para que impulse el desarrollo de las comunidades que realizan esta actividad, empleando de nueva cuenta el 77.5% de recursos obtenidos en inversión física con un impacto social, ambiental y de desarrollo urbano positivo.
Sin duda, es una gran oportunidad para corregir esta injusticia y generar mejores condiciones para las comunidades mineras de nuestro país.
*Senador de la República
@manuelanorve
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