/ martes 14 de junio de 2022

En Derechos Humanos, ¿cómo vamos?

El pasado 10 de junio se cumplieron 11 años de la sustancial publicación en el Diario Oficial de la Federación de la reforma Constitucional más importante en materia de derechos humanos de la última centuria, pues su contenido puso en marcha un cambio radical en todo el país.

Después de esta transformación a la Constitución Política delos Estados Unidos Mexicanos, la perspectiva con la que se vislumbran y ejercen los derechos humanos dio un cambio radical, pero progresivo, basado en la inexcusable base de que todas las autoridades deben de promover, respetar, proteger y garantizar los, además de erigirse la figura del principio pro persona, mediante el cual, el juez o la autoridad que tenga que decidir entorno a qué norma aplicar en un caso concreto, deberá hacer valer aquella que favorezca a la persona, sin importar si se consagra en la Constitución Federal,en un tratado internacional o en una ley.

Evidentemente la entrada en vigor del cambio referido fue gradual, siendo una parte fundamental volcar los esfuerzos necesarios para que desde la educación se fomente e impulse el respeto a los derechos humanos, como un pilar importante en la enseñanza de valores para una mejor convivencia en sociedad.

La trascendencia de lo acaecido hace poco más de una década marcó un parteaguas en el derecho positivo mexicano, al reanimar tanto de fondo como de forma el reconocimiento, ejercicio y salvaguarda de los derechos de todas las personas que se encuentren en el territorio nacional.

Sin embargo, el panorama actual que vive nuestro país en materia del pleno ejercicio de los derechos humanos es sumamente endeble.

Este argumento se deposita en una coyuntura en el que los feminicidios y homicidios han representado un alza sin precedentes, además de que, durante la pandemia, por la ineptitud del gobierno cientos de miles de personas sufrieron con mayor rigor los embates del Covid-19.

Asimismo, son reales y amplisimas las demandas en la materia que diversos sectores de la población han exigido, como las y los periodistas que son objeto de una crisis alarmante. Sin dejar de lado la atroz persecución violatoria de derechos humanos que ha emprendido el gobierno federal en contra de ciertas personalidades que discrepan con el proyecto de nación que se construye.

Además, a más de un decenio de su entrada en vigor es preocupante que siga permaneciendo en el tintero el cabal cumplimiento al régimen transitorio del decreto de reforma. Pues el Congreso de la Unión ha caído en la omisión de expedir la Ley Reglamentaria del artículo 29 Constitucional en materia de suspensión de garantías, así como el también reglamentario del artículo 33, en materia de expulsión de extranjeros.

Es apremiante revertir el panorama del ejercicio de los derechos humanos, impulsando tenazmente el contenido de la reforma de 2011. Asimismo, es vital concretar la expedición de las Leyes pendientes como prioridad inobjetable para la LXV Legislatura, así como emprender acciones como facultar a la CNDH para realizar un acompañamiento especializado en la materia a las entidades federativas que se encuentren en proceso de modificación con el esquema de derechos humanos, pues la tutela progresiva de los derechos fundamentales nos obliga tanto a las y los servidores públicos como a la ciudadanía a buscar la protección más amplia en favor de todas las personas.

*Senador de la República

@manuelanorve

El pasado 10 de junio se cumplieron 11 años de la sustancial publicación en el Diario Oficial de la Federación de la reforma Constitucional más importante en materia de derechos humanos de la última centuria, pues su contenido puso en marcha un cambio radical en todo el país.

Después de esta transformación a la Constitución Política delos Estados Unidos Mexicanos, la perspectiva con la que se vislumbran y ejercen los derechos humanos dio un cambio radical, pero progresivo, basado en la inexcusable base de que todas las autoridades deben de promover, respetar, proteger y garantizar los, además de erigirse la figura del principio pro persona, mediante el cual, el juez o la autoridad que tenga que decidir entorno a qué norma aplicar en un caso concreto, deberá hacer valer aquella que favorezca a la persona, sin importar si se consagra en la Constitución Federal,en un tratado internacional o en una ley.

Evidentemente la entrada en vigor del cambio referido fue gradual, siendo una parte fundamental volcar los esfuerzos necesarios para que desde la educación se fomente e impulse el respeto a los derechos humanos, como un pilar importante en la enseñanza de valores para una mejor convivencia en sociedad.

La trascendencia de lo acaecido hace poco más de una década marcó un parteaguas en el derecho positivo mexicano, al reanimar tanto de fondo como de forma el reconocimiento, ejercicio y salvaguarda de los derechos de todas las personas que se encuentren en el territorio nacional.

Sin embargo, el panorama actual que vive nuestro país en materia del pleno ejercicio de los derechos humanos es sumamente endeble.

Este argumento se deposita en una coyuntura en el que los feminicidios y homicidios han representado un alza sin precedentes, además de que, durante la pandemia, por la ineptitud del gobierno cientos de miles de personas sufrieron con mayor rigor los embates del Covid-19.

Asimismo, son reales y amplisimas las demandas en la materia que diversos sectores de la población han exigido, como las y los periodistas que son objeto de una crisis alarmante. Sin dejar de lado la atroz persecución violatoria de derechos humanos que ha emprendido el gobierno federal en contra de ciertas personalidades que discrepan con el proyecto de nación que se construye.

Además, a más de un decenio de su entrada en vigor es preocupante que siga permaneciendo en el tintero el cabal cumplimiento al régimen transitorio del decreto de reforma. Pues el Congreso de la Unión ha caído en la omisión de expedir la Ley Reglamentaria del artículo 29 Constitucional en materia de suspensión de garantías, así como el también reglamentario del artículo 33, en materia de expulsión de extranjeros.

Es apremiante revertir el panorama del ejercicio de los derechos humanos, impulsando tenazmente el contenido de la reforma de 2011. Asimismo, es vital concretar la expedición de las Leyes pendientes como prioridad inobjetable para la LXV Legislatura, así como emprender acciones como facultar a la CNDH para realizar un acompañamiento especializado en la materia a las entidades federativas que se encuentren en proceso de modificación con el esquema de derechos humanos, pues la tutela progresiva de los derechos fundamentales nos obliga tanto a las y los servidores públicos como a la ciudadanía a buscar la protección más amplia en favor de todas las personas.

*Senador de la República

@manuelanorve