Una vez que la Suprema Corte de Justicia invalidó la Ley de Seguridad Interior por considerarla inconstitucional, el presidente electo presentó el Plan Nacional de Paz y Seguridad que pretende reorientar el combate a la delincuencia en el combate a la corrupción, aplicación de políticas sociales, utilización de la justicia transicional y la regeneración ética de la sociedad, entre otros.
El plan contempla 8 ejes:
1.- Combate a la corrupción y reactivación de la procuración de justicia; 2.- Garantizar empleo, educación y salud; 3.- Respeto y promoción a los derechos humanos (impulsar la liberación de personas presas por acciones políticas); 4.- Regenerar la ética de la sociedad a través de una constitución moral; 5.- Reformular el combate a las drogas; 6.- Construcción de la paz con modelos de justicia que garanticen los derechos de las víctimas con base en la verdad, justicia, reparación del daño, y garantía de no repetición de los crímenes. Leyes especiales para reducir penas a infractores y amnistía a miembros de grupos criminales; 7.- Recuperación del control de las cárceles y su significación con planes para la reinserción social, y 8.- Nuevo plan de seguridad pública. Se repensará la seguridad nacional. Se creará una Guardia Nacional para prevención del delito, preservación de seguridad y combate a la delincuencia.
El plan considera asignar a una nueva fuerza de corte y formación militar a la Guardia Nacional, la responsabilidad de combatir los delitos de mayor impacto y hacerse cargo desde el nivel federal, de preservar la seguridad pública. Ello requerirá de una reforma constitucional.
A raíz del lanzamiento del Plan Nacional de Paz y Seguridad, surgieron múltiples opiniones y comentarios a favor y en contra; del tamaño que representa enfrentar el tema de la inseguridad a nivel nacional y lo que ello implica.
El plan expuesto de esta manera, implica en la realidad que, a partir del 1 de diciembre, el gobierno entrante tendrá la absoluta responsabilidad de coordinar y brindar seguridad pública en todo el territorio, así como la facultad exclusiva de combatir los principales delitos que, de manera directa o indirecta, afectan a todos los mexicanos.
En Guerrero el gobernador Héctor Astudillo, manifestó su confianza en el plan propuesto, manifestando asimismo que el estado requiere de una atención especial en Seguridad Pública.
En lo personal, me quedan algunas interrogantes: ¿Dónde quedan las policías preventivas municipales y estatales? ¿Quién coordinará los mandos en las regiones estatales? ¿Qué pasará con los Grupos de Coordinación Estatales? ¿Y los gobernadores y presidentes municipales, qué posición tendrán? ¿La Guardia Nacional realizará funciones de investigación y será coadyuvante del MP? Entre otros cuestionamientos que quedan en el aire.
Como siempre, usted tiene la mejor opinión.
