Si en algo ha incurrido fallidamente el gobierno mexicano en esta era transformadora es en un aspiracionismo exacerbado por tener el control absoluto del sector energético.
Su reforma eléctrica, por ejemplo, no pretende otra cosa más que dar a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) la rectoría única de la generación y suministro de energía, cerrando el paso a la inversión privada nacional o extranjera que puede y tiene con qué competirle a la paraestatal en eficiencia, fuentes alternativas de generación de luz eléctrica y costo final al consumidor.
Los usuarios de CFE en Guerrero y el país reciben energía muy irregular, cuyas fallas se agravan lo mismo en temporada de lluvias que de estiaje, y deben pagar tarifas desproporcionadas con respecto a la temperatura regional y a la calidad ofrecida.
En resumen -para aterrizarlo en una analogía beisbolera, deporte predilecto del presidente Andrés Manuel López Obrador-, el gobierno federal ni picha ni cacha ni deja batear en el rubro de la energía eléctrica.
Una impronta similar pretende estamparse a Petróleos Mexicanos, en una arriesgada apuesta por energías fósiles sobre las renovables mediante refinerías cuyo funcionamiento resulta económica y ambientalmente inviable.
Dos Bocas es ejemplo indiscutible de esa necedad presidencial. El proyecto desarrollado en Tabasco, estado natal de López Obrador, destaca por su alto costo que sobrepasa en un 11 por ciento la inversión inicial proyectada de 8 mil millones de dólares.
Y aunque la meta es que esa refinería produzca 340 mil barriles de crudo por día, el volumen no está garantizado a mediano ni a largo plazo. Adicionalmente, en mayo pasado, Pemex compró la refinería Deer Park de Houston, Texas, a un costo 90 por ciento menor que Dos Bocas, para -según la paraestatal- lograr la autosuficiencia energética nacional que padece un déficit de 200 mil barriles diarios.
No conforme con los lastres que anquilosan la operatividad de Pemex y sus pérdidas económicas que el año pasado alcanzaron medio billón de pesos, el presidente ahora perfila un nuevo giro para la empresa paraestatal: La venta de cilindros de gas licuado de petróleo casa por casa. No es guasa.
De acuerdo con su plan, la empresa se llamará Gas Bienestar, subsidiaria de Pemex, y surgirá como medida de ayuda a la población mientras se establece un precio máximo del gas LP, ofreciendo tanques a costo menor que las empresas gaseras.
Datos de la Secretaría de Energía (Sener) revelan que el precio de este insumo ha aumentado un 45 por ciento de inicios de 2020 a la fecha, cuando la promesa de López Obrador fue mantener la tarifa por debajo del índice de inflación.
El problema del alto costo del gas, sin embargo, deriva del dominio que tiene un pequeño grupo de empresas sobre ese mercado. Entre más amplia sea la oferta, habrá mayor margen para lograr una estabilización del precio bajo reglas claras y justas.
Gas Bienestar, a decir del Instituto Mexicano de la Competitividad, delata una intención monopólica con uso clientelar en la venta de gas LP, como lo pretende en el suministro de electricidad o en la distribución de medicinas con el hasta ahora malogrado Birmex.
El Estado no puede jugar al empresario ni detentar control absoluto de mercados en dificultades económicas.
Una gasera del Estado, en consecuencia, provocaría un efecto contrario a su objetivo y acarrearía una fuerte presión sobre las finanzas públicas en momentos donde el país requiere dar muestras de certidumbre y estabilidad para salir del atolladero pandémico de final impredecible.
Pedro Kuri Pheres en Facebook
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