El pasado 10 de diciembre, se conmemoró el septuagésimo tercer aniversario de uno de los sucesos más relevantes en favor del desarrollo pleno y armónico de las sociedades. Hablamos de la proclamación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, misma que, se constituye como el instrumento internacional que por antonomasia contiene el catálogo de aquellas prerrogativas que todo ser humano por el simple hecho de serlo, posee.
Es loable recordar que esta Carta de Derechos con un contenido de 30 artículos, surgió en un momento particularmente importante, al derivar de un acuerdo internacional que instauró un escenario de paz social y convivencia armónica tras la Segunda Guerra Mundial. Además, es de destacarse que este documento se inspiró en la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, que consagra el ideal común por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse, a fin de que, tanto las personas como las instituciones, promuevan el respeto irrestricto a los derechos y libertades fundamentales, al tiempo de implementar las medidas para asegurar su reconocimiento y su aplicación universal y efectiva.
A la luz de este parámetro y del cúmulo de instrumentos y resoluciones internacionales que se han sumado al catálogo de protección a las personas, nuestro país ha dado importantes pasos en favor de impulsar la evolución de nuestro sistema normativo, con la construcción de un andamiaje más sólido y progresistas, sobresaliendo indudablemente las reformas constitucionales de junio de 2011, que, a una década de vigencia han aceitado absolutamente la maquinaría para una nueva concepción de los derechos fundamentales que cada vez parece dar resultados más notorios en el día a día que vive la población mexicana.
Ejemplo de este gran avance fue la incorporación del principio pro personae, en virtud del cual hemos escuchado de una laudable cantidad de resoluciones jurisdiccionales que han anclado un cambio de paradigma en la forma clásica que se concebía el ejercicio de los derechos humanos.
No obstante, el sistema de protección a los derechos humanos atraviesa una etapa compleja, marcada por los vaivenes políticos del gobierno federal en turno, que justificándose bajo criterios de “austeridad” ha pasado a segundo término la atención, apoyo y respuesta a múltiples programas de naturaleza protectora de los derechos fundamentales.
Es por ello, que en este contexto, es menester hacer un llamado enfático a las autoridades, para que cumplan con el mandato constitucional y convencional que tienen, guiándose por los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.
Las y los mexicanos no quieren más retrasos en las adquisiciones de diversos insumos como medicamentos que pongan en riesgo la vida de miles de niños indefensos; tampoco es su deseo verse afectados por la puesta en marcha de un nuevo sistema de salud que ha destacado por la incertidumbre con la que opera; lo que verdaderamente exigimos es un acto de congruencia, visión y responsabilidad con la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos.
