El lunes 22 de este mes se publicó en el Diario Oficial de la Nación un “Acuerdo” por medio del cual el presidente de la República decreta que las obras que hagan el gobierno federal se considerarán de seguridad nacional. Ello hace que, entre otras cosas, la información con respecto a ellas quede reservada (en secreto) para todo público. Esto, de conformidad con el artículo 113 de la ley general de transparencia y acceso a la información pública.
Andrés López pretende, por medio de este instrumento administrativo, ponerse por encima de la legislación que él mismo protestó cumplir y hacer cumplir . Porque los términos en los que está redactado viola leyes administrativas y de impacto ambiental, por lo menos. Otro de los efectos que tiene es que no procederá amparo alguno contra la afectación que produce una obra del gobierno federal. Si les son expropiados terrenos a los pueblos indígenas o cualquier ciudadano, no podrán hacer nada al respecto y además tendrán que conformarse con el precio que unilateralmente fije aquél como pago.
Llama la atención que este acuerdo -hoy conocido como “el decretazo” - aparece inmediatamente después de la publicación de un reportaje periodístico, a cargo de Carlos Loret de Mola, en el que se da cuenta de 966 contratos, suscritos por el Ejército, en el que 70 por ciento son por adjudicación directa (donde hay empresas que no existen) y el 30 por ciento fueron asignados a tres personas. Haga usted, estimado lector, sus propias conclusiones.
