Previo al inicio de las vacaciones de Semana Santa, mientras me preparaba con Maestrandos, para impartir la materia: Sistema Político Mexicano, un auto con unas bocinas pegadas al toldo pasaba por mi calle invitando a la vecindad a asistir al día siguiente a una brigada de corte de cabello totalmente gratuita, actividad, promovida por cierta diputada local. El hecho sirvió para que las y los alumnos comenzaran un debate profundo de las atribuciones y competencias que tiene una o un representante popular. El debate fue extenso e interesante porque coincidimos en que este tipo de acciones, demeritan el ejercicio del poder público y crece la desafección política entre la ciudadanía, pues no es la respuesta que espera la población frente a los grandes retos que existen en nuestra comunidad.
Lo trascendental de esto, es que me quedé pensando cómo un legislador pudiera demostrar su interés para que la sociedad palpara su trabajo, sin exceder o abandonar sus competencias legislativas. Y bueno, resulta que existen una infinidad de acciones más sustanciosas y propositivas que pudieran ayudar a mejorar el bienestar de la ciudad y ser aplaudidos; una de ellas es LA EDUCACIÓN.
Les comparto por qué el proyecto de nación que enarbola el Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, trae consigo una serie de reformas, adiciones y acciones estructurales de orden jurídico, social, económico y cultural que desde su primer día de gobierno ha ido construyendo con el propósito de mejorar la calidad de vida de las y los mexicanos. Habrá quien diga lo contrario, lo cierto es que, el Sistema Político Mexicano se ha venido transformando, particularmente en el Sstema Educativo con la cimentación de mecanismos jurídicos para garantizar una educación asequible y de calidad para las juventudes.
El pasado 30 de septiembre de 2019 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la Ley General de Educación y la Ley Reglamentaria del artículo 3º Constitucional en materia de mejora continua de la educación. De ahí, dos documentos que buscan:
*Responder a una exigencia social para fortalecer a la educación pública, laica y gratuita,
*Asegurar una mayor equidad en el acceso a una educación de calidad,
*Fortalecer las capacidades de gestión de la escuela,
*Establecer un servicio profesional docente con reglas que respeten los derechos laborales de las y los maestros.
*Propiciar nuevas oportunidades para el desarrollo profesional de docentes y directivos,
*Sentar las bases para que los elementos del Sistema Educativo sean evaluados de manera imparcial, objetiva y transparente.
Asimismo observo con asombro y alegría que el nivel medio superior es obligatorio. Es decir, que el Estado deberá garantizar que existan condiciones para que las juventudes puedan acceder a este nivel educativo sin restricciones, ni discriminación, exclusión, situación social o barrera que imposibilite el aprendizaje.
Ahora bien, ¿por qué debería interesarle a usted lector, y a las representaciones populares, la Ley General y Feglamentaria de Educación? Pues porque a partir de la publicación de dichas leyes se esperarían cambios considerables en el rubro educativo. No obstante, la SEP reportó del ciclo 2021 -2022 un abandono escolar del nivel medio superior del 9.2% mientras que para educación primaria y secundaria fue de 0.4% y 2.5% respectivamente. Es decir, medio millón de estudiantes dejaron el bachillerato por problemas económicos o para generar un ingreso para su hogar. Por lo que se convierte en el escalafón más frágil y que pone en mayor riesgo el futuro de las juventudes.
Los representantes populares deberían recordar que el bachillerato es el trampolín para saltar a la educación superior y, consecuentemente, hacia una mejor perspectiva laboral, pues quien termina una licenciatura puede tener un sueldo hasta 78% mayor y tres veces más oportunidades de crecimiento económico o profesional (IMCO 2021).
Algunos factores que los representantes populares podrían trabajar de manera contundente para mejorar esta situación son los factores que influyen en la decisión de jóvenes de entre 15 y 19 años para dejar de estudiar, comparto con ustedes algunos de ellos:
*Enfrentan un entorno de violencia,
*Riesgo de drogadicción y embarazo temprano,
*La necesidad de generar de ingresos propios o incluso la falta de apoyo familiar.
Las acciones que se podrían comenzar a realizar para estas situaciones son:
*Revisión y reestructuración de los programas de estudios para que respondan adecuadamente a las demandas del mercado laboral,
*Fomentar la permanencia escolar en los bachilleres,
*Implementar esquemas y ofertas curriculares flexibles que motiven al estudiante a continuar,
*Capacitación permanente de las y los funcionarios públicos para atender los contextos según la situación específica del nuevo modelo educativo.
Los retos están a la vista. y llas tareas que deben realizar en consecuencia nuestros legisladores, también. En lugar de perder el tiempo con actividades de promoción personal, que además afectan la economía local de quienes se dedican a ello, considero que deberían comenzar a darle seguimiento a lo verdaderamente importante y construir acciones encaminadas a la transformación de la educación en el modelo educativo de la 4T llamado NUEVA ESCUELA MEXICANA.