El fin de un régimen de más de 70 años que se advertía inamovible del poder en México fue posible gracias a la construcción de un sistema democrático cuyas bases se cimentan en el hoy Instituto Nacional Electoral.
Sin esa y otras instituciones, la alternancia partidista divagaría aún como utopía, al igual que la llegada a la Presidencia de un movimiento político identificado con la izquierda.
Como en toda democracia, los procesos son imperfectos y falibles, pero denostar al INE y acusar parcialidad en su actuación implica desconocer 30 años de un avance notable en la organización y regulación de los comicios en el país.
Incluso, resulta peligroso el asedio mediático emprendido contra el INE desde Palacio Nacional, en reacción a decisiones desfavorables hacia el Movimiento Regeneración Nacional del presidente Andrés Manuel López Obrador.
La ofensiva contra el órgano electoral y algunos de sus consejeros se ha incrustado en el discurso oficial del primer mandatario y miembros de su gabinete, lo que denota una estrategia bien planeada, no furtiva, para desprestigiar al árbitro electoral en medio de un proceso donde está en juego la continuidad de una mayoría absoluta morenista en el Congreso de la Unión, que ha servido como oficialía de partes de la Presidencia.
Los ataques abiertos y hasta burdos, sin ningún recato, aparecen en un nuevo spot de Morena que debiera promover un proyecto de nación con miras a la jornada comicial, en lugar de minar un órgano ciudadano que actúa con base en leyes y no bajo intereses partidistas.
“¿Por qué permitir que nuestras elecciones sean llevadas por árbitros que no son imparciales?”, reza el promocional de Morena divulgado desde el jueves pasado que al final añade el hashtag #LiberenAlIne.
La incomodidad de López Obrador con el INE no es actual. Desde 2006, cuando perdió la Presidencia frente a Felipe Calderón Hinojosa, el hoy presidente fue severo crítico del entonces Instituto Federal Electoral (IFE) por considerarlo aval de un supuesto fraude en su contra. De su malestar de entonces, que motivó aquel plantón en la avenida Reforma de la ciudad de México, surgió la arenga del “voto por voto, casilla por casilla” para demandar un nuevo conteo de los sufragios emitidos en ese proceso.
La creciente embestida actual contra el INE brotó a partir de la resolución del Consejo General de ese órgano sobre las nuevas reglas para la asignación de diputados de representación proporcional, los pluris, para evitar una sobrerrepresentación en ambas cámaras, y arreció tras el retiro de 54 candidatos de Morena por omitir reportes de gastos de sus precampañas, entre ellos Félix Salgado Macedonio, de Guerrero, y Raúl Morón, de Michoacán.
López Obrador, desde su púlpito mañanero con fuerte impacto mediático, llamó al INE “supremo poder conservador” por esas decisiones que, sostuvo, atentan contra la democracia. Su secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, sugirió después que el árbitro electoral debe ser discreto y neutral, y Ricardo Monreal, coordinador de la bancada de Morena en el Senado, denunció sesgos y extralimitaciones “antiAmlo” y “anti4T” del instituto electoral.
Con esas acusaciones, evidentemente parte de una campaña oficial de desprestigio, se buscan encubrir paralelamente acciones y actitudes del gobierno federal que no dan muestras de imparcialidad en este proceso electoral, como la continuidad de la conferencia mañanera del presidente durante estas campañas que sirve como plataforma de promoción velada de Morena o la entrega de apoyos y programas sociales que, aunque no se precise, llevan el sello de la 4T.
La demanda de imparcialidad debe ser concomitante con la congruencia y en este caso se delatan intenciones arbitrarias que demeritan la autoridad moral del máximo jefe de la nación y del proyecto político que sigue debiendo una transformación.
