/ martes 28 de junio de 2022

Desafíos en la seguridad de las y los mexicanos

Constitucionalmente, la seguridad pública es una función del Estado a cargo de la Federación, las entidades federativas y los municipios, en la que una adecuada coordinación es piedra angular para hacer frente a los grandes desafíos que se presentan a lo largo y ancho del territorio nacional.

El fin que persigue esta titánica, pero indispensable labor reside en garantizar la protección de todas las personas que habitan nuestro país, reflejándose en un servicio que debe ser de inexcusable aplicación para todos.

Sin embargo, es innegable que México atraviesa un momento crítico en la materia, y si bien es cierto que hablar del tema es tratar uno de los más grandes lastres en la vida cotidiana de las y los mexicanos durante las últimas décadas, también lo es que en la actualidad la serie de retos se han acrecentado exponencialmente, debido a una negligente capacidad de respuesta por parte del gobierno federal.

Contracorriente y con una nublada sensibilidad de las demandas que acongojan a la sociedad, el gobierno de la República ha desestimado y descuidado notoriamente la protección de la población.

Las cifras son duras, pues nos encontramos en un país en el que se registra la tasa de secuestros más alta,con un 50.9 por ciento mayor a la que se presentó durante el mismo lapso del sexenio anterior, traduciéndose en 6 mil 157 personas secuestradas en el país,es decir, 4 por día.

Además, de conformidad con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en lo que va del actual sexenio suman 121 mil homicidios, con un promedio de 2 mil 896 al mes. De igual forma, la violencia por razón de género ha alcanzado números sin precedentes, con 3 mil 463 feminicidios en tres años y medio de gobierno.

Otro de los delitos con notorio crecimiento es la extorsión, con un aumento de 28.8% en relación al anteriorsexenio, significando un total de 4 mil 673 víctimas. Delito que por desgracia ha afectado recientemente a diversas regiones del estado de Guerrero.

La cifra sigue, no obstante, es alarmante que en medio de esta crisis el gobierno federal haga caso omiso de atender de fondo la problemática, con una estrategia de seguridad fallida y mal aplicada, al tiempo de concentrar sus recursos humanos y económicos en otros rubros.

Es el caso que la guardia nacional fue impulsada por todos los grupos parlamentarios con representación en el Congreso como una herramienta eficaz para dar resultados en pro de las eguridad. Y en lugar de aprovechar este potencial, es inentendible que el gobierno federal utilice a dichos elementos para construir obras de infraestructura que no tienen ningún fin en materia de seguridad.

Por ello, es urgente redirigir los esfuerzos en el ramo, en aras de concretar una real y eficiente estrategia nacional de seguridad, que tome en consideración las necesidades de cada región, así como utilizar oportuna y debidamente a los elementos con los que cuenta nuestro país, guiándose hacia una gradual y oportuna profesionalización,sin requerir funciones extraordinarias que comprometan la naturaleza propia de las instituciones.

@manuelanorve

*Senador de la República

Constitucionalmente, la seguridad pública es una función del Estado a cargo de la Federación, las entidades federativas y los municipios, en la que una adecuada coordinación es piedra angular para hacer frente a los grandes desafíos que se presentan a lo largo y ancho del territorio nacional.

El fin que persigue esta titánica, pero indispensable labor reside en garantizar la protección de todas las personas que habitan nuestro país, reflejándose en un servicio que debe ser de inexcusable aplicación para todos.

Sin embargo, es innegable que México atraviesa un momento crítico en la materia, y si bien es cierto que hablar del tema es tratar uno de los más grandes lastres en la vida cotidiana de las y los mexicanos durante las últimas décadas, también lo es que en la actualidad la serie de retos se han acrecentado exponencialmente, debido a una negligente capacidad de respuesta por parte del gobierno federal.

Contracorriente y con una nublada sensibilidad de las demandas que acongojan a la sociedad, el gobierno de la República ha desestimado y descuidado notoriamente la protección de la población.

Las cifras son duras, pues nos encontramos en un país en el que se registra la tasa de secuestros más alta,con un 50.9 por ciento mayor a la que se presentó durante el mismo lapso del sexenio anterior, traduciéndose en 6 mil 157 personas secuestradas en el país,es decir, 4 por día.

Además, de conformidad con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en lo que va del actual sexenio suman 121 mil homicidios, con un promedio de 2 mil 896 al mes. De igual forma, la violencia por razón de género ha alcanzado números sin precedentes, con 3 mil 463 feminicidios en tres años y medio de gobierno.

Otro de los delitos con notorio crecimiento es la extorsión, con un aumento de 28.8% en relación al anteriorsexenio, significando un total de 4 mil 673 víctimas. Delito que por desgracia ha afectado recientemente a diversas regiones del estado de Guerrero.

La cifra sigue, no obstante, es alarmante que en medio de esta crisis el gobierno federal haga caso omiso de atender de fondo la problemática, con una estrategia de seguridad fallida y mal aplicada, al tiempo de concentrar sus recursos humanos y económicos en otros rubros.

Es el caso que la guardia nacional fue impulsada por todos los grupos parlamentarios con representación en el Congreso como una herramienta eficaz para dar resultados en pro de las eguridad. Y en lugar de aprovechar este potencial, es inentendible que el gobierno federal utilice a dichos elementos para construir obras de infraestructura que no tienen ningún fin en materia de seguridad.

Por ello, es urgente redirigir los esfuerzos en el ramo, en aras de concretar una real y eficiente estrategia nacional de seguridad, que tome en consideración las necesidades de cada región, así como utilizar oportuna y debidamente a los elementos con los que cuenta nuestro país, guiándose hacia una gradual y oportuna profesionalización,sin requerir funciones extraordinarias que comprometan la naturaleza propia de las instituciones.

@manuelanorve

*Senador de la República