A la decisión de cancelar el registro de México Libre, intento de partido político promovido por Felipe Calderón Hinojosa y Margarita Zavala, el presidente Andrés Manuel López Obrador reaccionó con júbilo que compartió públicamente. Esa resolución del Instituto Nacional Electoral de septiembre pasado la definió como un triunfo de México y síntoma de los nuevos tiempos.
Cinco meses después, los visos de su idilio con el INE se esfumaron. Ahora, desde Palacio Nacional, acusa al órgano de atentar contra la democracia.
En pleno periodo de campañas proselitistas, la ira presidencial desatada contra el árbitro de las mismas tiene que ver con dos asuntos aprobados por los consejeros electorales que van en detrimento de su proyecto político: La cancelación de las candidaturas de Félix Salgado y Raúl Morón, punteros a las gubernaturas de Guerrero y Michoacán, respectivamente, y el revés a la sobrerrepresentación de Morena en el Congreso de la Unión que impediría aprobaciones fasttrack a las iniciativas de la 4T.
El cólera por la exclusión de sus candidatos llevó incluso a López Obrador al disparate de sugerirle/ordenarle al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que, en lugar de aplicarla ley como última instancia en ambos casos, ordene una encuesta telefónica sobre la aceptación hacia Salgado y Morón.
Aunque en la cancha del INE se sabe derrotado, el Presidente está convencido que Morena contará con esos personajes como candidatos cuando sus casos aterricen otra vez en el terreno del Trife, cuyo presidente, José Luis Vargas, mantiene una abierta e indecente sumisión a la 4T.
En estos tiempos de transformación, resulta indignante la persecución política desde el poder contra el INE, un órgano ciudadano y autónomo creado paradójicamente por la lucha de una oposición que hoy es gobierno, y contra todo actor o ente que se atreva a cuestionar los dislates del gobierno federal.
Socavar a la autoridad electoral para someterla a los designios y caprichos del gobernante en turno nos remite a los mejores tiempos del PRI cuando la sucesión presidencial se decidía en Los Pinos, a complacencia de su ocupante conforme a sus intereses.
Lo peligroso de la manía de López Obrador por atacar sin recato a todo lo que contravenga el transitar de su Cuarta Transformación no es la regresión al pasado, sino al acercamiento a una autocracia que marca dramática distancia del estado democrático al que aspiramos como mexicanos y de aquella república amorosa que prometió zanjar diferencias políticas hoy cada vez más radicales.
Lo que se asoma, más bien, es un remedo de república absolutista donde, sin hacerlo explícitamente, el Poder Ejecutivo busca sujetar al Legislativo, con el predominio morenista, y al Judicial con un presidente de la Suprema Corte plegado al primer mandatario que permanecerá dos años más en ese cargo como premio a su lealtad.
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