En Guerrero parece que el tema de la revocación de mandato está por encima de un tema que le genera estabilidad política, si la consulta a los pueblos indígenas y afromexicanos no prospera, el riesgo de que la Titular del Poder Ejecutivo y la totalidad del Poder Legislativo sean desaforados con la consecuente inestabilidad política que provocaría. Pero parece que está en segundo término frente a la urgencia de que el Presidente de México esté tranquilo, y no es para menos, pero lo otro no está de más.
Pero ¿qué es lo que ha llevado a la confrontación verbal de legisladores con el Centro de Derechos Humanos de La Montaña, Tlachinollan, así como con la CRAC-PC, Consejo Regional de Autoridades Comunitarias - Policía Comunitaria? La consulta a la que obliga la Suprema Corte de Justicia de la Nación formular a los pueblos mencionados, y señalar que ha sido una simulación.
¿Qué mandata la SCJN? El 8 de julio de 2021 señaló: “Se declara la invalidez del Decreto Número 756 por el que se reforma el artículo 14 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, en Materia de Derechos y Cultura Indígena, publicado en el Periódico Oficial de dicha entidad federativa el veintiuno de agosto de dos mil dieciocho, a razón que no se llevó a cabo una consulta indígena válida, conforma a los elementos de la consulta previa y a las características mínimas que deben de observar estos procesos”.
Y le otorgó un plazo que vence el 14 de abril de 2022 para llevar a cabo una Consulta a poco más del 51 por ciento de las comunidades indígenas del estado consideradas en número 515 mil 487, y afromexicanos 393 mil 923. A desarrollar en: una Fase de Preconsulta, una Fase Informativa y de Difusión del proceso de consulta; una Fase de Deliberación interna para evaluar la medida legislativa; una Fase de Diálogo entre los representantes del Estado y las autoridades tradicionales de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas y una Fase de Decisión, comunicación de resultados y entrega de dictamen. Además de que debe legislar en relación a esos hechos.
Este problema que puede generar inestabilidad política inició el 21 de agosto del 2018 siendo Gobernador Héctor Astudillo Flores y en funciones la Sexagésima Segunda Legislatura cuando se publicó en el Periódico Oficial del Estado el Decreto 756 por el que se reformaba el artículo 14 de la Constitución Política del Estado de Guerrero relativo a los derechos y cultura de los pueblos indígenas y afromexicanos que se consideró regresiva en perjuicio de sus derechos específicamente en materia de seguridad por lo que se generaron recursos de Acción de Inconstitucionalidad, específicamente uno promovido por 22 diputados de esa legislatura (2018-2021) registrado con el número 78/2018
Pero lo que debe ser un diálogo intercultural se ha quedado en unas fotografías que reflejan visitas aisladas de algunas y algunos legisladores en zonas de marginación y pobreza donde se infiere están asentados los grupos indígenas, pero no hay asambleas, no hay reuniones, no hay convocatorias en la Montaña que permitan considerar que la Consulta en cuestión avanza y han dado a conocer que ha concluido.
Por si no bastara eso, la CRAC-PC ha señalado que a partir del 5 de abril harán un plantón afuera del Congreso, así como ha señalado el Centro de Derechos Humanos en un mitin que impugnarían la presentación ante la SCJN un resolutivo de Guerrero inconcluso y viciado.
Hay pues un escenario difícil, y aún cuando dicen que no nos quedaremos sin las y los 46 diputados y sin la Gobernadora, el tema está puesto en la mesa de la estabilidad o inestabilidad política como una de las consecuencias del incumplimiento de esa sentencia con las especificaciones consideradas así como en los plazos previstos.
