/ jueves 6 de mayo de 2021

Cambio de paradigma

A través de la radio y la televisión he escuchado y visto la propaganda de diversos candidatos que se postulan para distintos cargos. Con sus modalidades, excentricidades y disparatadas propuestas, todos prometen la realización de obras y servicios imposibles de realizar, pues no existe el dinero para llevarlas a cabo. Lo menciono porque basta leer el Presupuesto de Egresos de la Federación para saber que no hay de dónde obtener esos recursos.

Ahora que, si hicieran el esfuerzo por conocer los índices y reportes que publican el INEGI, el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, la Secretaría de Hacienda y el Banco de México, sabrían que la recaudación bajó (son los impuestos los que financian obras y servicios), que la inflación subió, que el crecimiento económico no alcanzará siquiera el nivel que tenía en 2018; de esa forma sabrían que en los próximos dos años apenas habrá para dar mantenimiento a las obras ya hechas y medio conservar los servicios.

Debiera existir una sanción en la norma de responsabilidades de los servidores públicos para quien prometa la realización de una obra o servicio y no lo cumpla. En el orden civil, en las relaciones entre las personas, se contempla lo anterior y la norma prescribe la indemnización, sin perjuicio de la norma penal que establece la correspondiente sanción. ¿Por qué no tenerla para este caso?

En la Quincuagésima Octava Legislatura federal presenté una iniciativa para que el Presidente de la República, Gobernadores, Senadores, Diputados federales y locales, Presidentes de Ayuntamiento, Síndicos y Regidores solo cobrasen una Dieta basada en los ingresos declarados ante el Sistema de Administración Tributaria, teniendo como límite el respectivo salario estipulado en el Presupuesto que arriba mencioné.

Ello ayudaría a cribar a las personas que realmente tienen voluntad de servir a los demás y declaran sus ingresos; ahuyentaría a un montón de politicastros que solo buscan los cargos públicos para obtener ingresos que jamás han tenido y/o el expolio de los recursos públicos, como si fuera botín.

A través de la radio y la televisión he escuchado y visto la propaganda de diversos candidatos que se postulan para distintos cargos. Con sus modalidades, excentricidades y disparatadas propuestas, todos prometen la realización de obras y servicios imposibles de realizar, pues no existe el dinero para llevarlas a cabo. Lo menciono porque basta leer el Presupuesto de Egresos de la Federación para saber que no hay de dónde obtener esos recursos.

Ahora que, si hicieran el esfuerzo por conocer los índices y reportes que publican el INEGI, el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, la Secretaría de Hacienda y el Banco de México, sabrían que la recaudación bajó (son los impuestos los que financian obras y servicios), que la inflación subió, que el crecimiento económico no alcanzará siquiera el nivel que tenía en 2018; de esa forma sabrían que en los próximos dos años apenas habrá para dar mantenimiento a las obras ya hechas y medio conservar los servicios.

Debiera existir una sanción en la norma de responsabilidades de los servidores públicos para quien prometa la realización de una obra o servicio y no lo cumpla. En el orden civil, en las relaciones entre las personas, se contempla lo anterior y la norma prescribe la indemnización, sin perjuicio de la norma penal que establece la correspondiente sanción. ¿Por qué no tenerla para este caso?

En la Quincuagésima Octava Legislatura federal presenté una iniciativa para que el Presidente de la República, Gobernadores, Senadores, Diputados federales y locales, Presidentes de Ayuntamiento, Síndicos y Regidores solo cobrasen una Dieta basada en los ingresos declarados ante el Sistema de Administración Tributaria, teniendo como límite el respectivo salario estipulado en el Presupuesto que arriba mencioné.

Ello ayudaría a cribar a las personas que realmente tienen voluntad de servir a los demás y declaran sus ingresos; ahuyentaría a un montón de politicastros que solo buscan los cargos públicos para obtener ingresos que jamás han tenido y/o el expolio de los recursos públicos, como si fuera botín.