La 4T decidió redoblar la presencia del Ejército en las calles. El lunes de esta semana, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo por el que se dispone de la Fuerza Armada permanente para llevar a cabo tareas de seguridad pública. La decisión podría implicar cambios importantes en la estrategia de seguridad pública en el país.
- Muy a su manera, el gobierno de la 4T intentó regresar al Ejército a los cuarteles. Apostó -en gran medida forzado por la oposición en el Senado- por un “cuerpo civil” con la Guardia Nacional. Sin embargo, en los hechos la dejó encabezada por mandos del Ejército, integrada en buena medida por militares y subordinada a la Secretaría de la Defensa. A un año de su creación, este intento ha sido insuficiente para disminuir la violencia. Tan solo el mes de marzo del 2020 tuvo 2,543 homicidios dolosos, y un total de 34,579 el año pasado.
- Aunque la decisión ya había sido aprobada en la Constitución desde el propio decreto de creación de la Guardia Nacional, la publicación del mismo es un reconocimiento tácito de que los resultados no han sido los esperados. En el quinto transitorio se estableció que “durante los cinco años siguientes, el Presidente de la República podrá disponer de la Fuerza Armada”
- Desde principios de la nueva administración, cambió la dinámica de coordinación con los Estados Unidos en materia de Seguridad Pública. AMLO insistió en reenfocar la cooperación fundada en la Iniciativa Mérida, cuyo pilar consistía en disminuir el poder de los grupos criminales mexicanos al capturar y encarcelar sistemáticamente a sus líderes y reducir las ganancias del tráfico de drogas mediante el decomiso de narcóticos. Transcurrido un año, el embajador de los Estados Unidos criticó “hay muchas reuniones, pero realmente lo importante es que tengamos resultados y que no solamente haya palabras”.
- AMLO se ha basado en el lema de “abrazos no balazos”, afirmando que “ya no es la estrategia de los operativos para detener a capos”. Sin embargo, la caída en los decomisos de drogas en nuestro país, aunadas a la liberación del hijo del “Chapo” Guzmán y el saludo presidencial a la madre del mismo en Badiraguato, Sinaloa, han generado una enorme confusión sobre la posición de la autoridad frente a los delincuentes.
La publicación del citado decreto lleva a preguntarnos: ¿Hubo un nuevo acuerdo de coordinación con los Estados Unidos que desconocemos? ¿Regresará la política de persecución de capos y decomisos? ¿Se acabó la política de abrazos, no balazos? Y estructuralmente, ¿qué diferencia habrá -más allá de formalidades jurídicas- con los gobiernos de Peña Nieto y Felipe Calderón? Si no la hay, ¿cómo esperar que disminuya la violencia a la que llevamos sometidos más de una década?
Esta probado que centralizar la fuerza pública, sin apostarle a “descentralizar” capacidades humanas, materiales y presupuestales hacia los estados y municipios, ha sido un error de los últimos sexenios, pues el crimen organizado sigue “incubando” hordas de jóvenes que tienen su primer entrenamiento en las bandas locales. Es muy probable que tener más ejército en las calles, sin fortalecer las capacidades locales, siga siendo infructuoso para disminuir la violencia.
Los municipios y los estados, son los mejores espacios para fomentar la coordinación entre autoridades y sociedad, que permitan generar inteligencia y acciones de prevención social. La #SociedadHorizontal que anhelamos debe insistir en esta visión.
