/ lunes 3 de mayo de 2021

Autonomía constitucional

Uno de los avances democráticos más importantes que se ha suscitado a lo largo de las últimas tres décadas en nuestro país reside en la transformación de diversas instituciones del aparato gubernamental en órganos constitucionales autónomos, cuya razón de ser tiene por objeto dar respuesta a la especialización, independencia e imparcialidad que se requiere en el desempeño de ciertas funciones del Estado, como lo es la electoral o la promoción, protección y divulgación de los derechos humanos. Tareas que anteriormente se ejercían desde el Poder Ejecutivo.

Así, los denominados “OCAS” han consolidado una nueva interpretación del principio de la división de poderes, pues su papel y naturaleza implica brindar un contrapeso al sistema político mexicano, fomentando un escenario de mayores equilibrios sobre las decisiones del Ejecutivo Federal.

Dicha condición acentúa su relevancia en medio de un escenario en el que los contrapesos innatos al poder público parecieran debilitarse; ya que ha sido una deplorable realidad que la fortaleza electoral con la que el hoy inquilino de Palacio Nacional llegó al cargo, se convierta en una fuente de “legitimación” para desmantelar los avances institucionales y la pluralidad política alcanzada durante las décadas más recientes.

La aparición de los OCAS ha obedecido a un proceso gradual pero constante y evolutivo en los sexenios anteriores, sufriendo un duro revés con el Presidente en turno, quien ya extinguió uno de ellos, tratándose del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación; así como la preocupante intención que ha promovido su gobierno por retirar la autonomía a órganos como el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales o al Instituto Federal de Telecomunicaciones.

Empero, el hecho de resaltar la justa defensa de estas instituciones no atiende a ninguna filiación política o partidista que vaya encontra de los propios principios de los OCAS; más bien se trata de un necesario espíritu democrático y progresista tendiente a exigir el mejor funcionamiento de las labores gubernamentales.

Muestra de ello es que es inentendible la organización y vigilancia de la contienda electoral por una institución dependiente al Ejecutivo Federal; o la investigación de hechos constitutivos de delitos por el mismo Poder, pues como base fundamental de un Estado Constitucional de Derecho se encuentra la imposibilidad de ser juez y parte.

Dichos órganos no han sido la excepción de desacreditaciones y confrontaciones por parte del Ejecutivo Federal; pues a pesar de tratarse de instituciones con alto grado de especialidad, imparcialidad e independencia su papel se ha desestimado con “otros datos” que se manejan ad hoc desde Palacio Nacional; así como por los reiterados ataques y descalificaciones al Consejo General del INE, por hacer cumplir la ley. Y si bien es cierto que en toda democracia es sano un enfoque autocrítico de las instituciones, también lo es que no debe pulverizarse ni cooptarse el sano equilibrio del sistema de frenos y contrapesos.

Sin duda alguna, los OCAS son entes garantes del Estado de derecho, del régimen democrático, de la protección de los derechos humanos y elementos fundamentales hoy en día del sistema de frenos y contrapesos, por ello la importancia de su defensa es un hecho prioritario para la agenda pública nacional.

*Senador de la República

@manuelanorve

Uno de los avances democráticos más importantes que se ha suscitado a lo largo de las últimas tres décadas en nuestro país reside en la transformación de diversas instituciones del aparato gubernamental en órganos constitucionales autónomos, cuya razón de ser tiene por objeto dar respuesta a la especialización, independencia e imparcialidad que se requiere en el desempeño de ciertas funciones del Estado, como lo es la electoral o la promoción, protección y divulgación de los derechos humanos. Tareas que anteriormente se ejercían desde el Poder Ejecutivo.

Así, los denominados “OCAS” han consolidado una nueva interpretación del principio de la división de poderes, pues su papel y naturaleza implica brindar un contrapeso al sistema político mexicano, fomentando un escenario de mayores equilibrios sobre las decisiones del Ejecutivo Federal.

Dicha condición acentúa su relevancia en medio de un escenario en el que los contrapesos innatos al poder público parecieran debilitarse; ya que ha sido una deplorable realidad que la fortaleza electoral con la que el hoy inquilino de Palacio Nacional llegó al cargo, se convierta en una fuente de “legitimación” para desmantelar los avances institucionales y la pluralidad política alcanzada durante las décadas más recientes.

La aparición de los OCAS ha obedecido a un proceso gradual pero constante y evolutivo en los sexenios anteriores, sufriendo un duro revés con el Presidente en turno, quien ya extinguió uno de ellos, tratándose del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación; así como la preocupante intención que ha promovido su gobierno por retirar la autonomía a órganos como el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales o al Instituto Federal de Telecomunicaciones.

Empero, el hecho de resaltar la justa defensa de estas instituciones no atiende a ninguna filiación política o partidista que vaya encontra de los propios principios de los OCAS; más bien se trata de un necesario espíritu democrático y progresista tendiente a exigir el mejor funcionamiento de las labores gubernamentales.

Muestra de ello es que es inentendible la organización y vigilancia de la contienda electoral por una institución dependiente al Ejecutivo Federal; o la investigación de hechos constitutivos de delitos por el mismo Poder, pues como base fundamental de un Estado Constitucional de Derecho se encuentra la imposibilidad de ser juez y parte.

Dichos órganos no han sido la excepción de desacreditaciones y confrontaciones por parte del Ejecutivo Federal; pues a pesar de tratarse de instituciones con alto grado de especialidad, imparcialidad e independencia su papel se ha desestimado con “otros datos” que se manejan ad hoc desde Palacio Nacional; así como por los reiterados ataques y descalificaciones al Consejo General del INE, por hacer cumplir la ley. Y si bien es cierto que en toda democracia es sano un enfoque autocrítico de las instituciones, también lo es que no debe pulverizarse ni cooptarse el sano equilibrio del sistema de frenos y contrapesos.

Sin duda alguna, los OCAS son entes garantes del Estado de derecho, del régimen democrático, de la protección de los derechos humanos y elementos fundamentales hoy en día del sistema de frenos y contrapesos, por ello la importancia de su defensa es un hecho prioritario para la agenda pública nacional.

*Senador de la República

@manuelanorve