Apagones masivos sin precedente en territorio mexicano encienden focos de alerta sobre el futuro energético de nuestro país, bajo un gobierno transformador que, contradictoriamente, apuesta a combustibles fósiles y desdeña las energías renovables.
La primera señal de alarma en el sector eléctrico se produjo en diciembre pasado, con el apagón más grande del que se tenga memoria en México: 10 millones de usuarios, sin luz. Pese a la promesa presidencial de que ese evento sería irrepetible, el norte del país sufrió cortes a la energía la semana pasada que se extendieron a otras zonas del país. En total, 3.2 millones de usuarios de 26 estados de la República fueron afectados, incluidos hogares y empresas guerrerenses.
La Comisión Federal de Electricidad (CFE), auto denominada equivocadamente empresa de clase mundial, se jactó de haber restablecido a un 100 por ciento el servicio 48 horas después de las fallas. Sin embargo, los apagones aleatorios seguían registrándose en diversas zonas del país, principalmente, en horario nocturno. En colonias de Acapulco, los cortes de luz se prolongan hasta 90 minutos.
Además de las afectaciones inmediatas, estas anomalías en el suministro de energía tendrán consecuencias directas en el Producto Interno Bruto (PIB) por los paros técnicos anunciados en plantas armadoras de vehículos asentadas en el país como Volkwagen, General Motors y Mazda, y en mil 110 empresas más del sector industrial.
El escenario se advierte más complejo ante una ruta errada del gobierno federal en la materia, con una Ley de la Industria Eléctrica que pondera la soberanía energética y cierra el paso a la generación privada, contraviniendo incluso acuerdos inherentes plasmados en el T-MEC. Esa iniciativa es regresiva en amplios sentidos, incluyendo el ambiental, porque rehúye a energías limpias que contribuirían a una reducción de emisiones de dióxido de carbono -medida adoptada a nivel mundial contra el cambio climático- y opta por operar, en cambio, con un sistema eléctrico nacional a base de plantas de carbón.
De acuerdo con la Secretaría de Energía, México lograría generar un 32 por ciento de su electricidad total con fuentes renovables hasta 2030, cuando Europa produjo 38 por ciento de su energía mediante esas vías el año pasado.
Es menester subrayar que México cuenta con amplias ventajas naturales para diversificar la generación de energía renovable mediante plantas fotovoltaicas o eólicas que, en el caso de las últimas, fueron desdeñadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador al considerar, de forma ramplona y simplista, que “los ventiladores (en referencia a los aerogeneradores que aprovechan la fuerza de los vientos para convertirlo en energía) afectan el paisaje”.
A esa visión retrógrada debemos añadir a Manuel Bartlett, director de la CFE que ronda los 85 años de edad y su alcance de miras no va más allá de su tiempo de vida. Muestra de su desvarío, en sintonía con el presidente, es su cómodo deslinde de las fallas en el suministro de energía eléctrica al achacarlas a gobiernos anteriores de los que, por cierto, formó parte y se benefició ampliamente.
El mundo se encamina por una dirección clara en esa materia, pero en México el presidente insiste en tomar una ruta contraria e inadecuada, a manera de distinguirse del resto de los mandatarios del mundo, para después acogerse a la negación y al reparto de culpas como estrategia de defensa mediática ante sus errores.
Con gran dificultad, la sociedad mexicana debe sortear actualmente la emergencia sanitaria por el Covid-19, sin advertir a la par una emergencia energética y ambiental que nos está dando muestras inequívocas de sus peligrosos alcances.
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