En 2006, cuando Andrés Manuel López Obrador aparecía como una opción viable para ocupar la Presidencia de la República ante el descontento social causado por el primer presidente de la alternancia partidista en México, su obnubilación derivada de esa cerrada derrota frente a Felipe Calderón Hinojosa sacó una faceta reaccionaria del ex jefe de Gobierno de la Ciudad de México, que inició con la toma del Paseo de la Reforma -la principal avenida del corazón de la capital del país- y su auto proclamación como presidente legítimo de los mexicanos.
De enarbolar las causas más sentidas de la sociedad, el tabasqueño pasó al delirio, a los disparates, a su abierto rechazo a las instituciones -que mandó al carajo- y a la mera obsesión por ocupar Los Pinos.
Son casi 14 años de la campaña permanente de Andrés Manuel López Obrador en busca de la Presidencia (perdió también en 2012 contra Enrique Peña Nieto) y su visión sobre cómo gobernar México no ha variado ni se ha ajustado a las necesidades actuales.
Hoy, parece irreversible su franca ventaja en las preferencias electorales rumbo a la elección del 1 de Julio, pero debe enfrentar a un adversario de su mismo calado y no es el panista Ricardo Anaya, candidato de la coalición Por México al Frente. El enemigo a vencer de Andrés Manuel López Obrador es el propio López Obrador.
A 55 días de los comicios, resulta un absurdo que, con la ventaja que mantiene frente a sus adversarios, se atreva a abrir un frente de conflicto con uno de los sectores más poderosos del país: el empresarial. Y no se trata de un poder político o de facto. La iniciativa privada tiene gran parte del poder económico nacional. De 2012 a la fecha, por ejemplo, el sector empresarial ha creado más de tres millones 133 mil 980 empleos en el país. Tan solo entre enero y septiembre del año anterior, de acuerdo con cifras del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), se crearon más de 812 mil nuevos espacios laborales.
Durante 2017, según estimaciones del Consejo Coordinador Empresarial, el monto de inversiones privadas fue de unos 3.5 billones de pesos.
Bajo esa premisa, es inaudito iniciar una confrontación con los empresarios que, además de ser generadores de empleos, son pilar indefectible de la economía del país.
Este diferendo requiere ser aterrizado en un plano analítico hasta tener una reflexión franca y honesta que no sea movida por una simpatía inercial.
Realmente sería catastrófico para México tener a un presidente enemistado con quienes invierten su capital para abrir nuevas fuentes de empleo y, a la par, contribuyen al erario con sus respectivas cargas fiscales.
Un escenario de divorcio entre gobierno e iniciativa privada generaría incertidumbre hacia el exterior, lo que afectaría la llegada de inversión extranjera directa y de visitantes internacionales, y abriría un boquete difícil de tapar para la fuga de capitales.
También alimentaría las afirmaciones y argumentos del gobierno de Estados Unidos para echar abajo la renegociación del Tratado del Libre Comercio y de América del Norte (TLCAN) y endurecer la política migratoria mediante la construcción de un muro fronterizo y la militarización de la línea divisoria. Y Washington tendría motivos de sobra para justificar sus acciones en caso de que López Obrador mine al sector privado, pues una caída en los empleos incrementaría la intención de mexicanos por cruzar la frontera norte en busca de mejores oportunidades.
No es sano para el país limitar, excluir y atacar al empresariado.
Ante el contexto internacional en que la volatilidad del dólar y los precios internacionales de los combustibles causan estragos económicos en el país, México requiere un gobierno unificador que genere confianza interna y externa, y se reconcilie con todos los sectores productivos del país.
