El escándalo por el caso Odebretch, y no la pandemia del Covid-19, es el auténtico anillo al dedo que la Cuarta Transformación confeccionó a la medida de su interés político con miras a las elecciones locales de este año y del entrante.
Cuando los efectos del nuevo coronavirus y los criterios en el manejo de la emergencia sanitaria amenazaban su popularidad y credibilidad, el gobierno federal encontró en Emilio Lozoya, ex director de Petróleos Mexicanos, una pertinente válvula de escape.
Extraditado a México sin pisar la cárcel aún, a condición de “revelar” la trama de corrupción en torno a Pemex y la reforma energética, Lozoya presentó una denuncia de hechos ante la Fiscalía General de la República (FGR) que fue filtrada oportunamente hace unos días. En su declaración judicial de 63 páginas, estructurada a manera de novela, acusa de tráfico de influencias y sobornos a los ex presidentes Carlos Salinas de Gortari, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, así como a otros ex servidores públicos de primer nivel y ex legisladores del PRI y del PAN. A Salinas de Gortari, incluso, lo describe como cabildero de panistas.
La retahíla de pagos, acuerdos, encuentros y nombres de “peces gordos” consiguió su propósito inicial: desviar la atención nacional y mediática del incremento irrefrenable de contagios de Covid-19, con más de 543 mil casos positivos y casi 60 mil muertes hasta hoy, y de la enrevesada estrategia de clases virtuales para el arranque del ciclo escolar 2021-2022 que inicia a partir del próximo lunes. Tampoco se mencionan en esta coyuntura los miles de empleos que siguen perdiéndose a consecuencia de los estragos del confinamiento.
Por el contrario, como propósito adicional, se implanta colectivamente la certeza de que Morena es la alternativa contra la corrupción y los malos gobiernos.
Sin embargo, la denuncia de Lozoya conseguida por la FGR enumera hechos no confirmados y su alcance judicial, por tanto, es limitado. Aún así, el presidente Andrés Manuel López Obrador concedió un sello de autenticidad al documento e invitó a la sociedad, incluso, a leerla como un breviario de desfalcos y agravios cometidos a la nación durante gobiernos anteriores.
Como preludio a ese escándalo, días antes fue filtrado también un video donde dos personas, identificadas como Guillermo Gutiérrez, ex secretario particular del actual gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez, y Rafael Caraveo, ex funcionario del Senado, reciben bolsas con fajos de dinero para amarrar, aparentemente, contratos con Pemex.
Tanto el video como la denuncia de Lozoya están plagadas de presunciones, algunas, por cierto, rayando en la ridiculez y otras con cierto aire de veracidad.
Si la intención legítima de este gobierno es aplicar castigos ejemplares a figuras de alto nivel para evitar la repetición de hechos de corrupción en México, sin ánimo persecutorio, el juicio sumario mediático no tiene cabida.
De lo contrario, la 4T estaría incurriendo en las mismas prácticas maquinadas por gobiernos anteriores, pero recicladas, para eliminar adversarios políticos y mantener aceptación social-electoral, en un momento donde la incertidumbre económica merece toda la atención institucional y no un espectáculo circense.
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